Es necesario que las autoridades enfrenten los problemas prioritarios del país respetando la Constitución, importante cuando estamos a punto de crear una nueva Carta Fundamental (y que será letra muerta si no se respeta).
En momentos en que se cuestiona el progreso de Chile, realzando los problemas y minimizando los logros alcanzados, vale la pena llevar a cabo un examen más detenido y con evidencia de tales logros.
Primero, bajo cualquier prisma de comparación, Chile destaca en la región y en el mundo emergente como uno de los países que más han progresado en los últimos 30 años. Ha conquistado la tan elusiva estabilidad de precios y dado un salto en su crecimiento, convirtiéndose en el país de América Latina con el mayor PIB per cápita y uno de los pocos que acortaron su brecha de PIB per cápita con los países avanzados, lo que contribuyó a elevar el bienestar de la sociedad, especialmente el de los más pobres.
Detrás de este progreso hubo una serie de reformas institucionales y de políticas públicas. La institucionalidad macrofinanciera —regla fiscal, Banco Central autónomo, Comisión de Mercado Financiero— y la apertura externa han permitido crear condiciones básicas para el progreso y para enfrentar grandes shocks, como la Gran Crisis Financiera de 2008-2009 y el covid-19 que enfrentamos hoy. Durante estos 30 años crecimos a una tasa promedio del 4,5%.
Segundo, el progreso abarca no solo al crecimiento, sino que también a una serie de indicadores de bienestar. Durante las últimas tres décadas, Chile ha vivido una reducción de la mortalidad infantil, una drástica caída de la pobreza y aumentos de la escolaridad, de la esperanza de vida al nacer (que hoy supera a la de Estados Unidos) y de acceso a agua potable y servicios de saneamiento, entre otros. Si bien es cierto que estos indicadores son promedios para toda la población, su mejora ha sido aún más pronunciada para los hogares que pertenecen al 50% más pobre.
La reducción de la pobreza pudo lograrse gracias al impacto positivo del crecimiento económico en el empleo, los salarios y los ingresos fiscales, la expansión de bienes públicos y la focalización del apoyo estatal en los grupos más necesitados. En paralelo, aunque hay diferencias entre distintas mediciones, según el Banco Mundial todos los indicadores de distribución de ingreso han mejorado.
De hecho, entre los años 1990 y 2017 el coeficiente de Gini se redujo sustancialmente de 57,2 a 44,4 y la relación entre la participación en el ingreso del 20% más rico y el 20% más pobre se redujo de 18,4 a 8,8 veces, alcanzando la tasa más baja entre los principales países de la región.
Como resultado de este progreso, en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD del año 2020 Chile ocupa el lugar 43 a nivel mundial y el primero en la región, pero en el mismo índice ajustado por desigualdad, nuestro país cae 11 lugares en el ranking y se ubica en el segundo lugar de la región.
Sin embargo, el progreso perdió fuerza en la segunda mitad de la década pasada, cuando el crecimiento promedio alcanzó solo 2% en el período 2015-2019, afectado por el fin del superciclo del cobre, el deterioro de las políticas internas y la incapacidad de enfrentar reformas necesarias para promover el aumento de la productividad, frustrando el progreso y deteriorando las expectativas de la clase media.
Un golpe adicional a la clase media y a los grupos de más bajos ingresos ha sido la pandemia del covid. Los efectos acumulados de estos factores han sido tales que en la reciente encuesta del CEP el 35% de los encuestados estiman que su situación personal es mala o muy mala, que más del 70% tengan la percepción de que el país está estancado o en decadencia y que más del 70% sostenga que su situación personal y la del país empeorarán o se mantendrán iguales en los próximos 12 meses.
Mirando hacia adelante, lo que necesitamos hoy es una agenda de reformas que nos permita retomar el crecimiento sostenido, fortalecer la red de seguridad de la clase media y apurar el tranco en reducir la desigualdad de oportunidades. En esto hay muchas propuestas que han hecho comisiones gubernamentales, grupos de estudios e instituciones internacionales, con muchos puntos en común.
Aquí me concentraré en las recomendaciones de los últimos años de la OCDE y las recientes del FMI. Ambas instituciones reconocen que, en la parte macrofinanciera, Chile está a la vanguardia en cuanto a institucionalidad y calidad de sus políticas. Las principales debilidades están en las políticas sociales.
Por ejemplo, en educación —un determinante fundamental de la igualdad de oportunidades, de la distribución del ingreso y del crecimiento de largo plazo—, ambos informes resaltan la importancia de invertir en mejorar la calidad de la educación temprana, básica y media, como prerrequisitos para elevar los niveles de habilidades, expandir la educación universitaria de calidad, aumentar la igualdad de oportunidades y mejorar la distribución de ingreso.
En más y mejores empleos, recomiendan políticas para facilitar la participación laboral femenina y juvenil y mejorar los procesos de búsqueda de empleos y de capacitación, cuya urgencia ha aumentado por los efectos de la pandemia.
En pensiones, además de fortalecer el pilar solidario, ambas instituciones recomiendan para el pilar contributivo, una combinación de elementos: elevar la tasa de cotización, reducir la informalidad y las lagunas previsionales, reducir la evasión, extender la edad de jubilación y mejorar la empleabilidad de los adultos mayores.
En salud, se recomienda fortalecer el sistema público y mejorar la competencia y los incentivos del sistema privado. En cuanto a reformas para aumentar la productividad, más allá de las mejoras en las habilidades y la capacitación laboral, la OCDE y la Comisión Nacional de Productividad recomiendan aumentar la inversión en infraestructura, fortalecer la competencia y simplificar la regulación que afecta el funcionamiento y el crecimiento de las empresas pequeñas.
Estas reformas, especialmente las de pensiones, salud y educación, van a requerir mayores recursos públicos, lo que hace imperativo que una vez que pase la emergencia de la pandemia, el sistema político comience a negociar un alza de la carga tributaria que no solo proporcione mayores recursos al Estado, sino que también corrija distorsiones y contribuya a mejorar la distribución del ingreso.
Hay muchas sugerencias para aumentar la recaudación tributaria, partiendo por la propuesta de reducir exenciones tributarias del grupo de expertos convocados el año pasado por el ministro de Hacienda, y continuando con las recomendaciones de la OCDE y del FMI.
Avances en este tipo de reformas requieren de acuerdos básicos, lo que es cada vez más difícil en el Chile de hoy. Por ejemplo, la reforma de pensiones lleva más de 15 años en discusión y no parece haber acuerdos transversales todavía. Sin embargo, si no enfrentamos estos problemas, corremos el riesgo de que gran parte del progreso de los últimos años comience a erosionarse, especialmente ahora que la pandemia golpea con mucha fuerza a la clase media y a los grupos más vulnerables.
Para avanzar en este tipo de reformas necesitamos que los políticos pongan el bienestar de la ciudadanía por sobre sus intereses electorales de corto plazo. Ello no se ha observado recientemente, a juzgar por el tercer retiro aprobado por el Congreso, que no beneficia a tres millones de personas con cero pesos en sus cuentas individuales, y, por el contrario, les proporciona un regalo a los grupos de altos ingresos. También es necesario que las autoridades enfrenten los problemas prioritarios del país respetando la Constitución, importante cuando estamos a punto de crear una nueva Carta Fundamental (y que será letra muerta si no se respeta).
