Todo apunta a que el propuesto pacto fiscal no verá la luz, al menos no uno que pueda recaudar lo suficiente para poner fin a la serie de déficits fiscales consecutivos que enfrentamos.
En un momento crítico se dieron a conocer las cifras económicas relacionadas con la actividad económica y el empleo en Chile: justo al comienzo de la tramitación del Presupuesto Nacional. No se trata de un presupuesto cualquiera, sino de uno que busca aumentar el gasto en 3,5%.
El optimismo era esencial en esta propuesta. No por nada se resaltaba el crecimiento nulo alcanzado, en contraste con las estimaciones iniciales que pronosticaban una caída del 2% este año. Pero este escenario, más que esperanzas, sembró dudas y muchas. Las preocupaciones se centraron en los magros datos económicos, como el retroceso del Imacec (Indicador Mensual de Actividad Económica), muy por debajo de las proyecciones, así como en la pérdida de 23 mil puestos que elevaron la tasa de desempleo al 9%, lo que nos hace retrotraernos al 2010.
Sin embargo, independientemente de cuán sorprendentes puedan ser esos datos, es un hecho que las perspectivas de crecimiento para este año han sido negativas y las cifras de empleo han mostrado 10 meses consecutivos de números rojos. Aun así, lo verdaderamente relevante para la economía chilena no es tanto el no crecimiento de este año, sino más bien sus perspectivas para crecer a largo plazo.
Lamentablemente, en ese aspecto las proyecciones no son alentadoras. El crecimiento tendencial del PIB no minero, que mide la capacidad de crecimiento a mediano plazo, muestra una curva descendente para los próximos 10 años, cercano al 1% per cápita. Un menor PIB tendencial implica una menor actividad económica, opciones de mejora salarial más bajas y en general, un menor bienestar para la población.
Esto afecta, sobre todo, a la clase media y a los más vulnerables, no sólo debido a la disminución de oportunidades laborales, sino también a las variadas políticas sociales que requieren un presupuesto generoso en base a ingresos permanentes. Cada año que pasa, se vuelve más difícil sostener los casi 10 años consecutivos de déficit fiscal, lo que ha llevado a proyecciones que superan el techo de una deuda responsable.
Todo apunta a que el propuesto pacto fiscal no verá la luz, al menos no uno que pueda recaudar lo suficiente para poner fin a la serie de déficits fiscales consecutivos que enfrentamos. En este callejón sin salida, la única vía para encontrar recursos es el esquivo crecimiento económico, ya que ni siquiera podemos contar con la emblemática empresa estatal Codelco, que ha dejado de ser un activo para convertirse prácticamente en un pasivo que representará casi el 10% del PIB. Además, a pesar de poseer el 41% de las reservas mundiales del litio, hemos perdido el reciente boom de su precio, y aún no se ha definido una estrategia clara al respecto. No hay otro remedio que volver a crecer.
Es imperativo recalibrar los engranajes del progreso para crear al menos 300 mil puestos de trabajo y elevar la recaudación fiscal para aproximarnos a los tres puntos porcentuales del PIB que nos distancia de la OECD, fomentando una distribución de ingresos más equitativa y reduciendo así el coeficiente de Gini en 3,5 puntos. Sin embargo, estos esfuerzos carecerán de efecto si desatendemos la modernización del aparato estatal, particularmente en la simplificación de la burocracia para otorgar permisos de inversión. Esta medida también contribuirá a revitalizar la desgastada confianza institucional. Sin estas actualizaciones, ninguna reforma tributaria será viable políticamente. Por esto, es crucial abordar el pesimismo arraigado en la opinión pública: el 86% de la población percibe que Chile se encuentra estancado o en decadencia (CEP, 2023) y, como es sabido, las expectativas desempeñan un papel crucial en la economía. Aquí yace el reto principal del país.
Sin embargo, independientemente de cuán sorprendentes puedan ser esos datos, es un hecho que las perspectivas de crecimiento para este año han sido negativas y las cifras de empleo han mostrado 10 meses consecutivos de números rojos. Aun así, lo verdaderamente relevante para la economía chilena no es tanto el no crecimiento de este año, sino más bien sus perspectivas para crecer a largo plazo.
Lamentablemente, en ese aspecto las proyecciones no son alentadoras. El crecimiento tendencial del PIB no minero, que mide la capacidad de crecimiento a mediano plazo, muestra una curva descendente para los próximos 10 años, cercano al 1% per cápita. Un menor PIB tendencial implica una menor actividad económica, opciones de mejora salarial más bajas y en general, un menor bienestar para la población.
Esto afecta, sobre todo, a la clase media y a los más vulnerables, no sólo debido a la disminución de oportunidades laborales, sino también a las variadas políticas sociales que requieren un presupuesto generoso en base a ingresos permanentes. Cada año que pasa, se vuelve más difícil sostener los casi 10 años consecutivos de déficit fiscal, lo que ha llevado a proyecciones que superan el techo de una deuda responsable.
Todo apunta a que el propuesto pacto fiscal no verá la luz, al menos no uno que pueda recaudar lo suficiente para poner fin a la serie de déficits fiscales consecutivos que enfrentamos. En este callejón sin salida, la única vía para encontrar recursos es el esquivo crecimiento económico, ya que ni siquiera podemos contar con la emblemática empresa estatal Codelco, que ha dejado de ser un activo para convertirse prácticamente en un pasivo que representará casi el 10% del PIB. Además, a pesar de poseer el 41% de las reservas mundiales del litio, hemos perdido el reciente boom de su precio, y aún no se ha definido una estrategia clara al respecto. No hay otro remedio que volver a crecer.
Es imperativo recalibrar los engranajes del progreso para crear al menos 300 mil puestos de trabajo y elevar la recaudación fiscal para aproximarnos a los tres puntos porcentuales del PIB que nos distancia de la OECD, fomentando una distribución de ingresos más equitativa y reduciendo así el coeficiente de Gini en 3,5 puntos. Sin embargo, estos esfuerzos carecerán de efecto si desatendemos la modernización del aparato estatal, particularmente en la simplificación de la burocracia para otorgar permisos de inversión. Esta medida también contribuirá a revitalizar la desgastada confianza institucional. Sin estas actualizaciones, ninguna reforma tributaria será viable políticamente. Por esto, es crucial abordar el pesimismo arraigado en la opinión pública: el 86% de la población percibe que Chile se encuentra estancado o en decadencia (CEP, 2023) y, como es sabido, las expectativas desempeñan un papel crucial en la economía. Aquí yace el reto principal del país.
