El deterioro de la posición de Chile en el informe de libertad económica está asociado a un debilitamiento institucional cuyas consecuencias en la prosperidad del país ya están a la vista.
En este año en que se conmemoran los tres siglos del legado de Adam Smith, promotor del libre comercio y la competencia, Chile ha obtenido decepcionantes resultados en el informe Economic Freedom Of the World. En 2021, el país cayó al puesto 30 entre 165 naciones, perdiendo su liderazgo en América Latina, que había mantenido desde 2003, al ser superado por Costa Rica. Esto se tradujo en una disminución de su calificación, aunque todavía lidera en Sudamérica, seguido de cerca por Perú (puesto 37) y Uruguay (puesto 65).
Pero estos resultados no son una sorpresa y se suman a la trayectoria de empeoramiento que comenzó en la década pasada. La crisis social y la pandemia profundizaron esta tendencia. Solo entre 2019 y 2021 se dobló el número de naciones que superan a Chile en el ranking. Este deterioro está asociado a un debilitamiento institucional que este informe ayuda a dilucidar, pero cuyas consecuencias en la prosperidad del país ya están a la vista.
¿Qué explica esta caída que marcó la puntuación más baja del país desde mediados de los noventa? El índice abarca más de 40 variables distribuidas en cinco áreas clave: 1) el tamaño del Gobierno, 2) el sistema legal y los derechos de propiedad, 3) el acceso a una moneda sólida, 4) la libertad de comercio internacional y 5) la regulación del crédito, el trabajo y los negocios. A excepción del tamaño del Gobierno, el país experimentó retrocesos en el resto de las áreas.
En particular, en el ámbito regulatorio (área 5), Chile tiene la peor evaluación, experimentando un marcado deterioro tanto en su puntuación como en su posición en el ranking. Este retroceso se manifestó en los indicadores de acceso al crédito privado, las regulaciones laborales (incluido el salario mínimo), la apertura del mercado y las distorsiones en el entorno empresarial. Como resultado, el país descendió del puesto 50 al 73, quedando considerablemente detrás de Perú y levemente por sobre Uruguay. Desde hace años que se advierte que el entramado regulatorio necesita ajustes urgentes. Según la OCDE, Chile tiene la mayor complejidad regulatoria, que finalmente se traduce en cortapisas que terminan perjudicando el comercio.
Para superar la estrechez del comercio doméstico, que ya Smith nos advertía que limita el tamaño del mercado, es relevante analizar lo que sucede con el ámbito internacional. Esta área también se vio afectada en esta medición, principalmente debido al debilitamiento de la protección a la inversión extranjera. Esto ocurrió con la promulgación de una ley que obligó a las compañías de seguros, incluidas algunas internacionales, a transferir fondos a sus clientes de rentas vitalicias para hacer frente a la crisis de la pandemia, lo que llevó a pasar del lugar 41 al 53. Este indicador todavía no estaría capturando el efecto que ha tenido la judicialización en salud y que tiene a las aseguradoras (incluidas las controladas por fondos extranjeros) al borde del colapso. Tampoco contiene el intento de oposición del gobierno al TPP11, que a pesar de que terminó siendo infructuoso, tuvo consecuencias a nivel global. Al parecer, Chile estaría desatendiendo las enseñanzas de la teoría del comercio internacional, donde el libre mercado entre países y la especialización en industrias con ventaja comparativa, resultaría beneficioso mutuamente.
Hay también otros factores que influyeron en la baja de la posición chilena. En el área de sistema legal y propiedad privada (área 2) destaca la incertidumbre jurídica en que se han visto algunos proyectos de inversión, y la creciente preocupación ciudadana por la delincuencia y el crimen organizado. Junto con lo anterior, el acceso a una moneda estable también se ha debilitado (área 3) debido a la galopante inflación, en parte, influenciada por los retiros de fondos de pensiones y las ayudas estatales durante la pandemia. Esto redujo el poder adquisitivo de los salarios y ahorros obtenidos, lo que resulta fundamental también para la protección de los derechos de propiedad y, en consecuencia, para el ejercicio efectivo de la libertad económica.
Al final de dicho informe se destaca que los países ubicados en el cuartil superior del ranking tuvieron un PIB per cápita promedio de 49 mil dólares, mientras que los países en el cuartil inferior registraron 6 mil dólares. Aunque no se puede establecer una relación causal directa entre la libertad económica y el PIB, es notable observar que durante los períodos en los que Chile mejoró en este índice, fue una nación líder en desarrollo con un crecimiento anual cercano al 6%. Sin embargo, al descender en el ranking, experimentó un estancamiento en el crecimiento, con un modesto promedio anual del 1% per cápita entre 2013 y 2022. Exactamente, en este informe encontramos algunas claves para mejorar la calidad de vida y avanzar hacia una redistribución más equitativa de la riqueza, comenzando por recuperar la senda del progreso. Esta vía es fundamental para atender las crecientes demandas sociales y fortalecer la convivencia en la sociedad.
