La Comisión debe ser sustentada desde todos los sectores políticos e institucionales, pero también debe apoyarse a sí misma proveyéndose de una estructura técnica e institucional robusta.
Este miércoles 21 de junio, el Presidente Boric inauguró la Comisión para la Paz y el Entendimiento en el tema indígena. Planteada como comisión de Estado, dialogará por dos años con múltiples actores para elaborar una propuesta de tierras, reparación a víctimas y desarrollo indígena. Es una esperanzadora iniciativa, aunque surgen algunas dudas que la Comisión debiese abordar.
Primero, una Comisión de Estado debe incorporar a instituciones permanentes del Estado, a actores cuyo horizonte de decisión y reflexión esté por sobre la contingencia. Si sólo se aborda como acuerdo transversal de partidos, quedará a merced de vaivenes electorales. En diciembre votaremos una Constitución que incluye el reconocimiento de pueblos indígenas. Esto tendrá eco en la Comisión y podrá modificar su capacidad negociadora y alcanzar acuerdos. Por ello es preciso incluir a agentes de poderes del Estado capaces de desacoplar sus decisiones de exageraciones de campaña.
Segundo, una Comisión de Estado sobre tierras debe incluir a actores corporativos, tanto mapuche como no mapuche, especialmente si el foco es la propiedad. El plan incluye conversaciones con ellos, pero es distinto consultar su parecer a que estén sentados en la mesa. Al estar, las negociaciones son directas y mediadas por los comisionados, y los riesgos y costos se comparten, lo que genera mayor compromiso con los acuerdos y una motivación institucional por su cumplimiento. Así, lo resuelto cobra una legitimidad más robusta y duradera.
Tercero, en las últimas décadas hay un impresionante cúmulo de conocimiento intercultural sobre el tema mapuche, desde políticas interculturales en educación y salud hasta investigaciones académicas de profundo alcance social e histórico, tanto de científicos mapuches como no mapuche. La Comisión debiera tener, al menos, una secretaría técnica de expertos y no solo asesores de cada comisionado que terminan trabajando de manera no coordinada, como sucedió en la Convención.
Cuarto, la tierra es la base histórica del conflicto. Pero la Encuesta CEP de 2022 mostró que el problema no se reduce solo a eso, sino que incluye falta de agua, caminos y vivienda, seguido por violencia intrafamiliar, discriminación racial, déficits en educación y aspiraciones de reconocimiento constitucional. El escenario es mucho más complejo por la interdependencia de los problemas, incluida la violencia. Tener a la vista esos desafíos es indispensable para dar eficacia a lo resuelto.
La Comisión debe ser sustentada desde todos los sectores políticos e institucionales, pero también debe apoyarse a sí misma proveyéndose de una estructura técnica e institucional robusta, que la ponga a la altura de su compleja tarea. No puede ser una comisión más, sino una que construya el compromiso estatal y que provea el programa de acción concreto de la relación entre el Estado y el pueblo mapuche en este siglo. Una tarea tan titánica como urgente.
