El calendario de los desembolsos de la agenda social debería ser coherente con los aumentos estimados de los ingresos permanentes del Estado.
El año 2020 se vislumbra como un año difícil y con mucha incertidumbre. Las principales fuentes son internas y se centran en: la capacidad del Estado de controlar la violencia, controlar el orden público y proteger el Estado de Derecho; el diseño, financiamiento y capacidad del sistema político para avanzar en atender las demandas sociales, y en el proceso, contenido y ejecución del proceso constitucional.
El control de la violencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho son condiciones básicas para poder avanzar tanto en las demandas sociales como en el proceso constitucional. Por lo tanto, la acción inmediata del sistema político debiera enfocarse en trabajar para lograrlos.
En seguridad y el control de la violencia, urge una reforma profunda encaminada a mejorar los servicios de inteligencia, la capacitación, los protocolos y el empoderamiento de Carabineros, la coordinación entre las policías, y la efectividad del Ministerio Público y del sistema judicial. En lo que se refiere al sistema judicial, la satisfacción y confianza de la población está muy por debajo del promedio de la OCDE, 24% vs. 56% (OCDE: Government at a Glance, 2019).
Pasando a las demandas sociales, estas se concentran en las áreas de pensiones, seguridad, salud y educación pública. En pensiones, los retos están en fortalecer el pilar redistributivo de las generaciones activas, que han acumulado ahorros insuficientes, y en hacerse cargo de las implicancias futuras para el sistema contributivo del aumento significativo de la esperanza de vida a partir de los 65 años, de la fuerte caída de la tasa de retorno real de los fondos acumulados en Chile y el mundo, y de las importantes lagunas previsionales de trabajadores dependientes e independientes. La solución pasa por aumentar los recursos para el Pilar Solidario, aumentar las contribuciones al Pilar Contributivo y crear incentivos que faciliten la extensión de la vida laboral.
En salud, hay que hacerse cargo de mejorar la eficiencia del sistema público y en paralelo asignarle un adecuado financiamiento para poder avanzar en reducir los tiempos de espera (la mediana del tiempo de espera para una consulta de especialidad es 280 días y el promedio es 412; para una intervención quirúrgica, la mediana del tiempo de espera es 391 días). También se necesita avanzar en cubrir, en forma eficiente, los riesgos catastróficos y los impactos financieros para las familias. Así no es sorprendente que en satisfacción y confianza en los servicios públicos de salud, Chile está muy por debajo del promedio de la OCDE, 40% vs. 70% (OCDE op. cit.).
En educación pública, el énfasis debiera estar en mejorar la calidad, cobertura y financiamiento de la educación temprana y básica, y en mejorar la calidad de la educación media y técnica. Esta es la mejor forma conocida para nivelar la cancha y promover la igualdad y el crecimiento, como también para preparar a la fuerza de trabajo para las amenazas y oportunidades que ofrece la revolución de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial.
Esta ambiciosa agenda de reformas no debiera depender del gobierno de turno, sino que debiera ser parte de la respuesta del sistema político a lo que la sociedad ha estado demandando desde hace mucho tiempo (ver encuestas CEP y Bicentenario UC) y que se hizo más patente y urgente con el estallido social. Hoy se necesita que el sistema político deje de lado la “pelea chica” y le dé a estas reformas la prioridad que demandan y se merecen. Una parte importante de la molestia ciudadana viene justamente de la percepción de que los temas prioritarios para ella han sido sistemáticamente postergados por el sistema político.
Pero para atender esta agenda de reformas es necesario preocuparse tanto de su diseño como de su financiamiento. En el corto plazo, su financiamiento va a requerir de una combinación de reasignación de gastos de programas ineficientes o con menos prioridad, y de incrementos de los ingresos del orden de los estimados en el proyecto de reforma tributaria bajo discusión en el Congreso, esto es, algo más del 1% del PIB.
En el mediano plazo, una vez aprobada la agenda social, terminado el proceso constitucional y sorteado el gran bajón en crecimiento que se avecina, va a ser necesario priorizar medidas para apuntalar el crecimiento tendencial —que es una gran ayuda para reducir la pobreza y aumentar los ingresos fiscales— a través de ajustes al sistema tributario para hacerlo más simple, más equitativo, con una base del impuesto a la renta más amplia, más eficiente y más favorable al ahorro, la inversión y el crecimiento y que, a la vez, permita recaudar hasta 2 puntos porcentuales del PIB adicionales en régimen, y con ello financiar los gastos permanentes de la ambiciosa agenda social.
Por cierto, el calendario de los desembolsos de la agenda social debería ser coherente con los aumentos estimados de los ingresos permanentes del Estado. Descuidar el financiamiento sostenible de esta agenda puede hacer inviable el cumplimiento de los compromisos contenidos ahí y, al mismo tiempo, debilitar la estabilidad macroeconómica que Chile ha logrado en los últimos 30 años.
Implementar estas reformas en forma exitosa es siempre una tarea difícil, más aún cuando la economía está débil y existe incertidumbre asociada a las mismas reformas. También hay incerteza vinculada al proceso constitucional que proviene de la discusión de aspectos tan fundamentales como el resguardo de los derechos de propiedad, el rol del Estado, la iniciativa única del Presidente de la República en materia de gasto y la autonomía del Banco Central, entre otras materias.
En el plano externo, las perspectivas de la economía mundial han mejorado últimamente. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se han aliviado (el 15 de enero se firmaría la fase 1 de un acuerdo comercial). Por otro lado, los principales bancos centrales han reafirmado que mantendrán tasas de interés muy bajas y proveerán amplia liquidez, lo que mantendría condiciones financieras favorables. Estados Unidos se desacelera hacia su crecimiento potencial, en tanto que China y el resto de Asia emergente muestran señales de estar tomando más dinamismo, el que debiera afirmarse con la reducción de las tensiones comerciales. En este cuadro, el precio del cobre se ha recuperado y las perspectivas de nuestras exportaciones a Asia mejoran, especialmente a China. Sin embargo, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, de agudizarse, aumentaría la incertidumbre externa, amenazando con abortar la recuperación global.
En estas circunstancias, lo que cabe es que el sistema político una esfuerzos para apoyar el control del orden público, para darle a la agenda social la prioridad que se merece, que cuide los equilibrios macro y que contribuya a reducir la incertidumbre interna que tan negativamente afecta a la inversión, el crecimiento futuro y la capacidad de poder satisfacer las demandas sociales.
