El nuevo año 2014 partió con calores intensos. En el sur, donde se desarrolla la industria forestal, miles de hectáreas de bosques han sido consumidas por el fuego. Pero muchos focos han sido, y siguen siendo, intencionales. Lo que se está viviendo en la Araucanía, es muy grave. El verano del año 2012 tuvimos el lamentable caso de los brigadistas. Siete personas perdieron la vida por un incendio intencional. Un año después, el brutal asesinato de los Luchsinger remeció una vez más nuestra conciencia. Y nuevamente nos recordó a lo que puede llegar la violencia. La lista de casos y muertes es larga. En definitiva la violencia y el fuego intencional han acabado con bosques, casas, camiones, helicópteros y muchas herramientas de trabajo. El sueño de muchos emprendedores se ha hecho cenizas. También muchas vidas.
Desgraciadamente nos hemos ido acostumbrando a este tipo de situaciones. En la zona hay miedo. Y en nuestra sociedad, silencio. Precisamente es esta combinación entre miedo y silencio la que debe preocuparnos. Evidentemente lo que se vive en la Araucanía es un fenómeno complejo. Un problema que lleva años o siglos. Pero es un caso donde el rol del Estado, protegiendo el derecho a la vida, la integridad física y la propiedad, es fundamental. Y precisamente es esto lo que está en juego. Como es habitual, pequeños grupos violentos, alentados por diversos motivos – muchas veces haciéndose eco de una causa noble – atentan contra el estado de derecho. Y contra aquellos ciudadanos esforzados que quieren progresar y trabajar en paz.
En 1651 Thomas Hobbes escribió su famoso e influyente “Leviatán”, donde desarrolla su teoría del contrato social. Hobbes se imagina un mundo donde la libertad es absoluta e ilimitada, donde cada uno hace lo que quiere. En este estado de naturaleza la vida del hombre sería “una guerra de todos contra todos”. No habría sociedad y al final “la vida del hombre sería solitaria, pobre, repugnante, brutal y corta”. Para evitar esta situación, cedemos parte de nuestra libertad al Leviatán – el Estado – y acordamos ciertas obligaciones o reglas. Este sería el origen del estado de derecho.
El problema surge cuando se comienzan a infringir estas reglas y lo ignoramos. Esto no sólo sucede en la Araucanía. Por ejemplo, ahora tenemos el paro portuario. Este paro es sólo otro atentado contra nuestro estado de derecho. Y también contra la libertad. El intercambio, bien lo sabemos, es la base de la economía. Y si hay una esfera en la que ejercemos plenamente nuestra libertad, es intercambiando en el mercado. Cuando usted decide comprar o vender, lo hace libremente. Nadie lo obliga a comprar o a vender. Tampoco nadie se lo impide. Por eso es muy grave cuando se impide, por la fuerza, el intercambio. Es lo que está ocurriendo en los puertos.
Además, es evidente que los puertos, como puntos de entrada y salida de diversos productos, son estratégicos para el Estado. Por eso mismo la ley es muy clara al prohibir las huelgas en los puertos y también en los servicios públicos. La ley simplemente no lo permite. Los paros ilegales en algunos puertos han puesto en jaque el intercambio y el comercio, vulnerando el estado de derecho. Los fruteros tienen toda la razón en exigir una solución. A nadie se le puede impedir comerciar los productos que son fruto del esfuerzo de muchas personas. Miles de agricultores, camioneros y trabajadores portuarios no pueden trabajar porque un puñado de dirigentes simplemente decidió que la mejor manera de negociar es bloqueando los puertos.
Las intenciones de algunos líderes no siempre suelen coincidir con el beneficio de la mayoría de los trabajadores sino, muy por el contrario, con el beneficio de unos pocos. Por ejemplo, hace una semana el dirigente portuario San Antonio, Sergio Vargas, participó en un programa televisivo. Quería explicar a la ciudadanía las razones detrás del paro portuario. Quisieron invitar a un representante del mundo privado, pero el dirigente sindical se opuso. De acuerdo al señor Araya, los puertos no estarían tomados por ellos, sino por carabineros. Y justificó el paro argumentando que “bloquear el trabajo es tan lícito como cuando salen los estudiantes a bloquear las calles”.
Pero lo más interesante, e iluminador, fue su explicación acerca de una práctica conocida como “la nombrá”. El dirigente confesó que en algunos puertos “hay sindicatos que manejan la nombrá, nosotros nombramos a los trabajadores, le damos mano de obra a la empresa, es una mano de obra disciplinada, es un orden que se ha dado en el tiempo, lo recibimos como herencia de nuestros viejos”. O sea, en San Antonio hay un pequeño grupo que decide quiénes trabajarán en ciertas labores. Esta práctica es bastante sorprendente. Y explica en buena medida por qué el control de estos sindicatos es tan importante. No son sólo los $3.600 por la media hora de colación. Hay algo más en juego.
Este paro debería generar un fuerte rechazo político y social. Es importante dialogar, buscar y consensuar acuerdos económicamente factibles. Pero no ceder ante demandas que rayan en una brutal extorsión. Avanzar hacia un sindicalismo de caudillos – hay ejemplos en el vecindario – no es el camino. La ciudadanía rechazó el paro del Registro Civil por los costos e inconvenientes que produjo. Pero poco se reparó en que, según nuestra Constitución, los funcionarios del Estado no pueden declararse en huelga. En el caso de los puertos, el paro también es ilegal. Una presión que, además, atenta contra el trabajo de muchas personas, erosionando la libertad y nuestro estado de derecho.
