Jugarse las cartas a bloquear la creación de una comisión investigadora es una estrategia discutible aunque políticamente razonable, pero fracasar en ella cuando se tiene mayoría en la Cámara de Diputados es un error inexcusable.
En los últimos meses, la Concertación ha circulado en el escenario político con la tranquilidad con que lo hace un automovilista por las nuevas autopistas concesionadas. El desplazamiento es cómodo, seguro, rápido y despejado. La popularidad de Lagos se mantiene elevada, la economía marcha a paso firme y la candidata concertacionista suscita una adhesión incuestionable. Parece que basta con accionar la velocidad crucero del carro concertacionista para atravesar la meta con una cómoda delantera y en la primera vuelta el próximo 11 de diciembre. Más aun después de que los dos candidatos aliancistas se disputan como niños pequeños quién de los dos está en el segundo lugar, una discusión totalmente irrelevante si se tiene en cuenta que ninguno de los dos tendría en estos momentos posibilidades de pasar a la segunda vuelta.
Claro que las mañanas son frías e incluso en las buenas autopistas, en algunos tramos, surgen pequeñas capas de hielo. Los conductores experimentados saben que un frenazo brusco es la forma más segura de perder el control del automóvil. Por cierto, a veces los instintos nos traicionan e irracionalmente pisamos hasta el fondo los frenos. Algo de esto es lo que ha hecho la Concertación en los últimos días. Sus actitudes en el affaire de los contratos y la cancelación y reiteración de la campaña en torno al sida han revelado un grado de irracionalidad al cual la Concertación no nos tenía acostumbrados. Es imposible no quedarse con la impresión de que esta coalición giró durante demasiado tiempo en torno a la figura de José Miguel Insulza. En todo caso, el segundo de estos episodios no es más que un hecho anecdótico, mientras que el primero requiere de mayor atención.
Jugarse las cartas a bloquear la creación de una comisión investigadora es una estrategia discutible aunque políticamente razonable, pero fracasar en ella cuando se tiene mayoría en la Cámara de Diputados es un error inexcusable. Pero las declaraciones posteriores no hacen más que amplificar el error. En especial aquellas que dejan entrever que aquí se pone en riesgo la imagen del país. No parece plausible que una discusión sobre las prácticas contractuales de algunas empresas o reparticiones públicas tenga esa repercusión. Desde luego, el riesgo país la semana pasada no se vio mayormente alterado y sí en algo a la baja. No sería extraño que, después de esta actitud concertacionista, en la opinión pública quedase la impresión de que el problema es mucho más grave de lo que la propia oposición ha insinuado.
Es cierto que algunos de los casos que ésta ha denunciado o que han sido informados por los medios de comunicación son difíciles de justificar, pero hasta ahora son muy pocos. La credibilidad de las denuncias opositoras se ha visto, además, empañada porque mezcla peras con manzanas. Hay entremedio destacados profesionales, como el hermano del coordinador de la campaña de Bachelet, que no tienen nada que hacer en estos listados. Es indudable que en una medida importante existe un aprovechamiento político por parte de la oposición. Pero éste no es el problema de fondo. La Concertación tiene que reconocer que algunos de los contratos denunciados son difíciles de justificar y debe dar garantías de que bajo gobiernos futuros éstos no se multiplicarán.
La ausencia de prácticas institucionales adecuadas para la adjudicación de contratos, la lentitud con que se ha avanzado en el nombramiento de los altos directivos públicos, a pesar de la existencia de una ley al respecto que tiene dos años de vigencia, y la insuficiente transparencia en muchos de los actos del sector público no hacen más que alentar las dudas de la opinión pública respecto de esos contratos. La reiteración de que no hay irregularidades cae, por tanto, en el vacío. Esta posición es precisamente aquella en la que no debe sostenerse la coalición oficialista. Significa ponerles más presión a los frenos en presencia de un camino resbaladizo.
La única estrategia razonable para la Concertación -que aspira a un cuarto gobierno y que debe luchar con el fantasma de la corrupción propio de gobiernos prolongados- es comprometerse efectivamente con la reforma en marcha del Estado y con otras más profundas que minimicen la posibilidad de que se enquisten en éste -entre otras- prácticas contractuales irregulares. Hasta ahora, el oficialismo no parece haberle dado mayor importancia a ese compromiso. El principal desafío en este campo es para Bachelet. Es ella la que debería liderarlo y sugerir los cambios institucionales y de política que aseguren que en su gobierno se combatirá la corrupción. Si la Alianza logra generar la sensación de que esa tendencia es inevitable, habrá dado un gran paso para revertir las bajas posibilidades actuales de acceder al gobierno.
