En la defensa del control preventivo de identidad varios senadores arguyeron que esta era una medida solicitada por las policías (e incluso algunos sumaron a los fiscales). Curiosa forma de respaldar un voto favorable a esta iniciativa. La tarea del Congreso y de los parlamentarios es más bien deliberar sobre los asuntos que les toca legislar. La experiencia comparada habría sido útil en esa reflexión.
En países donde existen disposiciones similares en espíritu, porque son mucho menos intrusivas que las aprobadas por nuestra Cámara Alta, ellas solo han generado una focalización discriminatoria de las policías en jóvenes de origen socioeconómico desaventajado o de minorías poco reconocidas.
Una política pública, por meritorios que sean sus objetivos, no debería poner en riesgo las libertades individuales y los derechos básicos de las personas. La respuesta fácil que apunta a la preocupación por los derechos y libertades de las víctimas no tiene asidero en este debate. Hay evidencia relativamente generalizada que sugiere que la medida es inefectiva en la reducción de la delincuencia. En ocasiones hay tensiones entre distintos valores, pero en este caso no parece haber ninguna.
Es sencillamente una mala política pública que no aporta a una mejor vida en común. El combate a la delincuencia, muy necesario, requiere de una estrategia de largo plazo entre las cuales obviamente no deben descartarse, como recurso de última instancia, un conjunto articulado y limitado de medidas disuasivas y efectivas, pero por sobre todo políticas preventivas entre las cuales la situación de niños y jóvenes en riesgo social es prioritaria. En esta dimensión, nuestro atraso es considerable.
