Si la Convención Constitucional entró en el trance de la euforia refundacional, el nuevo foro corre el riesgo del sopor anticlimático. Las Bases Constitucionales son consensuales, pero limitan la sorpresa; el Comité de Admisibilidad las resguardará. Los partidos seguirán teniendo su momentum tras bambalinas a través de expertos y consejeros, y entre ellos sin duda habrá vigilancias mutuas que alineen lo que parezca demasiado creativo. Una herencia del primer fracaso constitucional es esta coreografía postraumática de múltiples controles cibernéticos que tiene el riesgo de que todo cambie para seguir igual.
En este nuevo proceso constitucional es preciso disociar el concepto de “cambio” de las exageraciones de la Convención. El “cambio” no es multiplicación ad infinitum de autonomías territoriales e instituciones, pero sí es descentralización y desconcentración. Cambio no es proliferación de sistemas ancestrales de justicia, pero sí es reconocimiento y reparación institucional de los pueblos indígenas.
Cambio no es fragmentación identitaria de las organizaciones políticas, pero sí es incremento de la participación y conexión de la ciudadanía con el ejercicio democrático. Cambio no es abandonar la modernidad por un neoconservantismo oscurantista cuasi religioso, sino construir instituciones inclusivas que ataquen las desigualdades visibles e invisibles que afectan a todos.
En su reciente libro After the Decolonial (Polity 2022), el sociólogo David Lehmann, experto en América Latina y Chile, y formador de varias generaciones de científicos sociales de la región, ha realizado una crítica profunda de enfoques académicos y políticos que piensan el cambio desde una política identitaria y llaman a desconfiar de la democracia representativa, de la ciencia moderna e incluso de los derechos humanos por tratarse de “fórmulas europeas”. Esta idea de cambio dominó la pasada Convención. En su reemplazo, Lehmann propone una justicia social universal que sea capaz de identificar la acumulación de desigualdades socioeconómicas, de género, raciales y de clase que tienen lugar en la región. La universalidad está en que esas desigualdades no solo afectan a los grupos particulares que demandan, sino también a muchos sin la capacidad de hacerse escuchar. El foco de la justicia social se pone en los ciudadanos; no en agrupaciones o corporaciones con mayor fuerza de presión. Esta es la base de una democracia liberal e inclusiva que se haga cargo de las múltiples exclusiones.
El cambio no es monopolio de perspectivas refundacionales. El nuevo foro constitucional debe primero sacudirse de la coreografía postraumática en que las fuerzas democráticas quedaron inmersas luego de la Convención. Pero no solo se trata de “dejar atrás” el cambio de la Constitución para luego continuar con el business as usual. Ahora es preciso diseñar transformaciones profundas que incrementen la sensibilidad de las instituciones frente a las diversas desigualdades presentes y se comprometan con el futuro de nuestra democracia de ciudadanos.
