Cuesta imaginar que el Estado tenga la capacidad de poner en funcionamiento los restantes 43 SLEP de aquí al 2025. Es necesario detener el proceso y repensarlo a la luz de la evidencia y las falencias detectadas.
Dos meses sin clases completaron esta semana unos 30 mil estudiantes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, producto de una movilización de profesores por mejoras en infraestructura y en la gestión del servicio. Ellos reclaman cuestiones tan básicas como que no existan plagas de ratones, baños insalubres ni falta de insumos en sus escuelas. También lo hacen porque una auditoría del Mineduc detectó falencias en la rendición de cuentas presentadas a la Superintendencia de Educación, sueldos pendientes de reincorporar a la Tesorería, desfase en contabilización de movimientos bancarios y contrataciones y aumento de grados de funcionarios sin las debidas autorizaciones. Se trata de graves problemas de gestión que comprometen la calidad del proceso de enseñanza en los establecimientos públicos de la región.
La pregunta es si estas falencias han golpeado ya la escolarización de los niños, niñas y adolescentes de Atacama. Todo indica que así ha sido.
En el Centro de Estudios Públicos analizamos en detalle el sistema escolar de la región de Atacama, centrándonos en dos indicadores: logros de aprendizaje en pruebas Simce y exclusión escolar. La primera conclusión es que los establecimientos de Atacama han alcanzado el promedio regional más bajo de las mediciones Simce de matemáticas y lectura, tanto en el 2018 como en el 2022. En cuarto básico, los establecimientos dependientes de los dos SLEP de la región (de Atacama y Huasco) muestran una pronunciada caída en sus puntajes entre las dos últimas mediciones que duplica en magnitud a la registrada a nivel país por los colegios SLEP en matemáticas y la triplica en lectura.
En cuanto a los indicadores de exclusión, la región de Atacama tuvo una tasa de desvinculación de 1,5% el año 2022, superior a la tasa nacional. Esto quiere decir que unos 1.000 escolares salieron del sistema en la región. Además, la zona registra altos niveles de ausentismo grave, es decir, escolares que faltan a clases más del 15% del año escolar (unas seis semanas de clases), lo que, según la normativa vigente, puede ser causal de repitencia. Si el año 2019 la región de Atacama fue la que registró el mayor nivel de ausentismo grave con un 63% de su matrícula en esta situación, el año pasado la cifra se encumbró al 64%, unos 40 mil escolares.
Estos indicadores evidencian una crisis que se ha incubado desde hace mucho tiempo en la región, sin que se tomaran medidas efectivas para contrarrestarlas. Los reclamos de los profesores son fundados. Sin embargo, ante el compromiso del ministro de educación de iniciar las obras de mantenimiento y reparación esta semana, el Colegio de Profesores debe deponer el paro, retomar las clases este lunes 6 de noviembre e iniciar, junto con las autoridades, un proceso de reconstrucción educativa en la zona que revincule a los escolares con sus escuelas, priorice contenidos y remedie al máximo las pérdidas de aprendizaje de este prolongado paro, las que estimamos en medio año escolar.
Además, en Atacama las escuelas públicas están completamente desmunicipalizadas desde el 2019, proceso que se inició con la ley de Nueva Educación Pública de fines del 2017. Esta ley mandata el traspaso desde las municipalidades a 70 SLEP que existirán a lo largo de Chile al año 2025. Se trata de una institucionalidad especializada, surgida con la promesa de gestionar e impulsar la mejora educativa de jardines, escuelas y liceos públicos del país.
Sin embargo, las deficiencias de gestión en el SLEP de Atacama (sumadas a las detectadas en el SLEP de Colchagua) ponen en duda aquella promesa. Aunque hoy existen 27 SLEP en funcionamiento, sólo 11 de ellos cuentan con los servicios traspasados. Cuesta imaginar que el Estado tenga la capacidad de poner en funcionamiento los restantes 43 SLEP de aquí al 2025. Es necesario detener el proceso y repensarlo a la luz de la evidencia y las falencias detectadas, realizando las correcciones a la ley y los procedimientos para evitar que los problemas que afectan a 30 mil escolares de Atacama se repitan en otros lugares del país.
