Dentro de los países de la OECD, el gasto que se tendrá que realizar es inédito. Por lo mismo, es necesario comprender que el desafío no va a estar solo en cómo se lograrán movilizar recursos hacia el Estado o en cómo se gastarán eficientemente, sino, en cómo vamos a llegar a un nivel de desarrollo adecuado para el significativo gasto fiscal planteado.
La discusión constitucional se ha focalizado en las múltiples interpretaciones del articulado, pero poco se ha dicho sobre los costos que implicaría la implementación de la gran cantidad de anhelos que se encuentran en la propuesta de texto. Así, es al menos poco intuitivo, que el instrumento que podría llegar a normar todas las leyes no venga acompañado de un informe financiero -como se estila en el caso de los proyectos de Ley-.
Estando ad-portas del plebiscito, se agradece el arduo trabajo que ayer publicó un grupo transversal de prestigiosos académicos, el cual presenta una estimación de los gastos fiscales que estarían asociados a los 388 artículos. Considerando lo crucial que es el voto informado, se vuelve relevante dimensionar los desafíos que implica para el Estado, en términos de recaudación y de eficiencia del gasto, la propuesta de nueva Constitución con sus disposiciones transitorias -cuestión que por alguna razón fue obviada en la discusión.
¿Qué fue lo que hicieron los académicos? Primero, realizaron un exhaustivo barrido del texto, identificando 29 temas diferentes que incurrirían gasto fiscal, y luego estimaron cuáles eran aquellos costos recurrentes en régimen y aquellos de una sola vez.
¿Cuál fue el resultado? Los autores plantearon dos escenarios, uno más conservador (“bajo”) que el otro (“alto”). En el primero, el resultado fue un costo anual total equivalente a un 8,9% del PIB; y en el segundo, el valor llegó al 14,2% del PIB. Serían entorno a 25 a 40 mil millones de dólares, respectivamente.
¿Es extraño que se dé un aumento de dicha magnitud en el gasto estatal por cambiar la Constitución? Al menos, en América Latina, la mayoría de los países que se encontraban en una situación como la nuestra aumentaron considerablemente el gasto respecto al PIB.
¿Como es la desagregación de este mayor costo total? Sin duda que la protección social (pensiones, cuidado, etc.) es la que se lleva la mayor parte de la torta, seguido por salud y educación. A modo de ilustración, ¿cómo quedaría Chile a nivel mundial en los siguientes puntos y escenarios?
- En el escenario alto, el gasto en protección social quedaría ubicado sobre la mediana del mundo y bajo la OCDE.
- En el escenario bajo, el gasto en educación quedaría por sobre el 25% de los países que más gastan de la OCDE.
- En el escenario alto, el gasto en salud estaría por sobre la mediana de la OCDE y en el escenario bajo, sería similar al promedio de España y Portugal.
Ahora bien, cuando crece el Estado, no necesariamente llega todo a las personas. Según el estudio, un 12,5% del costo directo total anual sería para temas administrativos. Si bien el texto constitucional tiene un claro énfasis en los estatal, es importante que se entienda que lo público no es monopolio de los estatal.
¿Qué podemos concluir? Esta aproximación estructural a la realidad que presenta el estudio (pues no contempla los efectos que tendría en la inversión y crecimiento económico -a mi juicio, para nada auspiciosa-), deja clara una cosa: dentro de los países de la OECD, el gasto que se tendrá que realizar es inédito. Por lo mismo, es necesario comprender que el desafío no va a estar solo en cómo se lograrán movilizar recursos hacia el Estado o en cómo se gastarán eficientemente, sino, en cómo vamos a llegar a un nivel de desarrollo adecuado para el significativo gasto fiscal planteado. Es decir, la necesidad de compatibilizar una agenda social potente, con un vigoroso crecimiento económico que haga todo esto sostenible en el tiempo; desafíos que independiente del resultado del plebiscito, están más presente que nunca.
