Nadie puede negar que el Presidente Lagos gozaba de estatura republicana. Por ejemplo, cuando en su discurso político afirmaba que en nuestro país “las instituciones funcionan”, hacía también un llamado republicano. Porque todos sabemos que las instituciones no siempre funcionan como debieran o como quisiéramos. Y la razón es simple: las instituciones son, por lo general, construcciones humanas. Naturalmente las instituciones se adaptan a los tiempos y demandas de la sociedad, en otras palabras evolucionan. Pero finalmente su valor radica en que son los sistemas que estructuran nuestra interacción social. Por eso es valioso el llamado republicano de Lagos a cuidar y mejorar nuestras instituciones. Esa es la gran tarea. A menos que simpaticemos con algún movimiento anárquico, no sacamos nada sólo criticando y sugiriendo, de paso, que estamos al borde de un precipicio institucional. La mejor crítica es aquella que va acompañada de propuestas. Y de un sentido republicano. Promover la sensación de que vivimos una suerte de crisis institucional no es el camino. Por lo tanto, es importante ser cuidadosos con el lenguaje, más aún cuando se firma una declaración pública. Como ya lo dijo Sartre, un brillante militante anti-institucional, “las palabras son armas cargadas”.
Un grupo de 80 académicos e intelectuales firmaron una declaración pública titulada “Un llamado de alerta democrática” (*). Es innegable que se cometieron muchos errores en esta última elección municipal. También parece evidente la necesidad de mejorar y modernizar nuestro sistema electoral. Pero todo esto no es lo mismo que afirmar “nuestra más profunda alarma y preocupación por los serios problemas que se han generado en el último proceso electoral municipal”. No hay que ser experto en retórica o en filosofía del lenguaje para darse cuenta que el mensaje de “profunda alarma” es mucho más grandilocuente que una ponderada “preocupación” (en realidad el texto no es mezquino en el uso de palabras que generan cierta sensación de alarma).
Pero más adelante los 80 intelectuales afirman que “[l]os chilenos, hasta ahora, seguíamos confiando en la labor de nuestro Tribunal y en la transparencia y eficiencia de sus funciones. En otras palabras, nuestro Tribunal Electoral era uno de los pocos bastiones de confianza institucional que aún persistían en el país.” Esta última frase, con visos de nostalgia, me parece bastante desafortunada. Estaríamos, de acuerdo a este grupo de intelectuales, al borde de una crisis institucional. ¡Imagínese usted que nuestro Tribunal Electoral sería uno de los pocos bastiones de confianza institucional que nos quedan!
Quizá, para mantener vivo el debate, sería interesante que los 80 firmantes dieran a conocer el listado, y los cito nuevamente, de “los pocos bastiones de confianza institucional que aún persistían en el país” (cabe notar que el uso del pretérito imperfecto “persistían” podría implicar que ya no nos quedan instituciones confiables). Es cierto que las encuestas serias muestran una creciente desconfianza en muchas instituciones, pero a mi juicio esto no justifica el tono alarmista de este “llamado de alerta democrática”.
Hay algo en todo esto que me recuerda el debate de la CASEN. En ese caso hubo una carta firmada por 30 economistas – mejor redactada, eso sí – que exigían aclarar cinco preguntas. Se generó un debate, y el desenlace fue una notable mejora institucional. Pero todo esto no estuvo exento de costos. Ante el calor del debate académico, exacerbado por motivaciones políticas, aparecieron desafortunadas declaraciones en importantes medios internacionales. Pudo existir desprolijidad, falta de rigurosidad, abuso comunicacional, etc., pero suponer manipulación de datos siempre me pareció desmedido e incluso poco republicano. En algunos influyentes medios extranjeros se nos llegó a comparar con Argentina, lo que evidentemente implica un costo para nuestra imagen país.
Chile sigue siendo un ejemplo a seguir. Nuestra salud fiscal, acompañada de sorprendentes cifras económicas, son un motivo de envidia en cualquier foro internacional. Sólo basta ver las tasas históricas a las cuales se colocaron nuestros últimos bonos soberanos. Éstas son la mejor evidencia de la confianza que genera nuestra institucionalidad en el extranjero. Ciertamente no podemos sentarnos en los laureles: es fundamental velar por el correcto funcionamiento de nuestras instituciones. Pero también es importante cómo lo hacemos. Una declaración pública exige prolijidad no sólo en lo que se dice, sino también en cómo se dice.
El caso de la CASEN nos dejó algunas lecciones. Por de pronto, y como resultado de un sano debate académico, mantenemos como país esa flexibilidad y espíritu republicano que finalmente permiten lograr acuerdos para introducir importantes mejoras. En el futuro contaremos con una nueva CASEN bajo un nuevo INE fortalecido e independiente. A juzgar por las recientes señales – tanto del gobierno como de algunos académicos – algo similar podría ocurrir con nuestro sistema electoral.
En materias institucionales, siempre hay espacio para propuestas y mejoras. Pero como decía Lagos, en Chile las instituciones funcionan. Y si no funcionan tan bien – como quedó de manifiesto en las últimas elecciones municipales – cuidemos nuestras instituciones no con el ánimo de protegerlas o defenderlas, sino de mejorarlas. Para esto último no es necesario que nos convirtamos en agoreros de una crisis institucional. Basta con algunas propuestas.
(*)Ver declaración pública en http://static.latercera.com/20121112/1652316.pdf
