Si los costos de un pacto con el PC son mayores que los beneficios esperados, es difícil entender el entusiasmo que genera en los líderes concertacionistas.
Connotados dirigentes concertacionistas -entre los que se cuenta el Ministro del Interior- han visto con buenos ojos la posibilidad de que la coalición oficialista acuerde un pacto electoral con el Partido Comunista. Incluso las dos precandidatas concertacionistas a la Presidencia de la República respaldaron esta posibilidad. Respecto de la forma específica que adoptaría este pacto, aún no hay planteamientos concretos. Como las primarias se efectuarán en una fecha relativamente tardía, es inevitable que las discusiones para la confección de la planilla parlamentaria del oficialismo introduzcan algún ruido en la competencia por la nominación presidencial. Éstas seguramente serán tensas, aunque se remitan a la distribución de los cupos entre los partidos de la Concertación. Si, además, se quiere abrir espacios a la izquierda extraparlamentaria, cabe augurar largos y complejos debates.
No son evidentes los beneficios de un potencial acuerdo para la Concertación. Se sugiere que en algunos distritos claves, los votos sumados de concertacionistas y comunistas (o del nuevo referente Juntos Podemos) podrían duplicar los votos aliancistas. Sin embargo, si se toma como referencia la elección de diputados de 2001, cuesta encontrar esos distritos que no sean aquellos donde ya el oficialismo dobla a la oposición. Por supuesto, esta última no parece tan fuerte como hace cuatro años, pero sus parlamentarios defenderán con dientes y muelas los distritos donde fueron elegidos. Además, más allá de los buenos resultados que obtuvieron en la elección municipal, y que tampoco son tan distintos de los que consiguieron en algunas elecciones pasadas, los comunistas y humanistas tampoco parecen estar especialmente fuertes para esta ocasión. Hace cuatro años sumaron 6,3 por ciento de los votos, y no se ve, especialmente compitiendo con los parlamentarios titulares, que puedan aportar muchos más votos en la elección siguiente, más ahora que el país está bastante mejor que en 2001.
Los costos para la Concertación no son sólo aquellos que se originarán en las arduas negociaciones que tendrán que emprenderse para zanjar un pacto eventual con la izquierda extraparlamentaria, sino que principalmente los que provendrán del recelo que dicho pacto generará entre votantes moderados, reconquistados en el último tiempo por la Concertación. En la elección presidencial de 1999, e incluso en la parlamentaria de 2001, estos votantes demostraron que están dispuestos a moverse entre coaliciones con más soltura de la que pudo haberse anticipado. Son los mismos votantes que el Presidente Lagos, y de rebote la Concertación, recuperó para la municipal y que han permitido que su gobierno goce de una popularidad extraordinariamente alta. Un pacto con el PC difícilmente caerá bien entre estos votantes. Si los costos de esta acción son mucho mayores que los beneficios esperados, es difícil entender el entusiasmo que genera en los líderes concertacionistas.
Tampoco es tan evidente el bien superior que este pacto instrumental acarrearía. Se postula la conveniencia de reemplazar el sistema electoral binominal por uno proporcional. No cabe duda que el primero no es muy representativo, especialmente en el Senado, de las votaciones de los electores. Pero los sistemas electorales no sólo se evalúan en función de esta dimensión. También desde la perspectiva de la gobernabilidad. Los sistemas mayoritarios privilegian la gobernabilidad por sobre la representatividad. Por cierto, para promoverla no es necesario un sistema como el nuestro que «protege» a la segunda mayoría. Un sistema uninominal, como el que existe en Estados Unidos, conseguiría igual objetivo sin «premiar» a la coalición perdedora. Avanzar en esa dirección puede ser positivo para Chile. En cambio, volver a un sistema proporcional no parece una solución tan atractiva. En el pasado, la experiencia con un sistema electoral de estas características no fue positiva. Hizo extremadamente difícil la gobernabilidad. Ello era agravado por la ausencia de una segunda vuelta en la carrera por la presidencia. La diversidad ideológica de entonces se ha reducido, pero de ahí no se desprende que la gobernabilidad esté asegurada.
De hecho, no es evidente que la capacidad de gobernar exhibida por la Concertación desde marzo de 1990 hubiese sido posible bajo nuestro antiguo sistema electoral. Menos evidente es ello hacia el futuro. Los sistemas electorales proporcionales parecen funcionar mejor con gobiernos parlamentarios. En éstos, los jefes de gobierno tienen instrumentos poderosos de control de sus parlamentarios: en casos extremos pueden disolver el Congreso obligándolos a someterse antes de tiempo al escrutinio público. En los gobiernos presidenciales, los sistemas proporcionales pueden ocasionar más de un dolor de cabeza a los jefes gubernamentales. Los líderes concertacionistas harían bien en revisar sus actuales posiciones tanto respecto de un eventual acuerdo con el PC como respecto del sistema electoral proporcional.
