Es curiosa la evolución que ha tenido el debate sobre la inscripción automática y el voto voluntario. En el momento en que fue modificada la Constitución para satisfacer esta posibilidad, había amplio acuerdo para promoverla. Ese acuerdo se ha ido desvaneciendo, aunque el proyecto que hace realidad esa reforma constitucional fue aprobado en la Cámara de Diputados y se espera que aquello también ocurra en el Senado. Pero no hay certezas. Han surgido varios argumentos para oponerse, pero quizás tres son los principales. Uno de ellos cuestiona la inscripción automática. Otros dos, el voto voluntario.
El primer cuestionamiento apunta a que el proceso de inscripción es relativamente fácil y, por tanto, que los jóvenes no se inscriban es un acto consciente que es legítimo y debe ser respetado. Este planteamiento tiene al menos dos problemas.
Por una parte, las personas se pueden inscribir sólo antes de que comiencen oficialmente las campañas electorales. El entusiasmo con la política y la modificación de la decisión de participación ocurren con mucha frecuencia durante la campaña. Pero en ese momento, en Chile no está permitido inscribirse. De hecho, hay muchos países que tienen abiertos sus registros electorales hasta muy avanzada la campaña. Incluso en la gran mayoría de los estados de Estados Unidos es posible inscribirse el mismo día de la votación.
Por otra, en el sistema chileno es imposible distinguir entre el acto de inscribirse y la obligación de votar. Es imposible, por tanto, distinguir empíricamente si lo que se quiere es no inscribirse o evitar la obligación de votar. Esta «venta atada» es complicada y resta espacios de libertad.
Este hecho permite establecer un vínculo con el primero de los argumentos que se ofrece para rechazar el voto voluntario. Éste mezcla la necesidad de otorgarles una fuerte legitimidad a los gobiernos electos democráticamente con el deber cívico y las obligaciones mínimas que impone la vida en común. El argumento tiene sentido, aunque es raro que se obligue a votar si a través de la democracia se busca crear el mayor espacio posible para las libertades individuales. Eso no significa que ésta no deba imponer algunas obligaciones a los ciudadanos, pero no parece que la de votar sea indispensable.
Es difícil pensar que un gobierno pueda ganar en legitimidad a través de una participación obligada. A pesar de que en estos casos la participación suele ser más elevada -del orden de siete a diez puntos porcentuales-, también ocurre que los votos nulos y blancos son sustancialmente mayores. Parece obvio, pero es un hecho que suele desconocerse en el debate.
También hay evidencia de que en sistemas políticos con voto obligatorio también hay niveles muchos más elevados de votación al azar. Es difícil argumentar, entonces, que con el voto obligatorio se gana en legitimidad. Por eso son pocas las democracias que optan por el voto obligatorio. De los 33 países que son miembros de la Ocde, por ejemplo, además de Chile sólo hay tres que tienen voto obligatorio. Y en el caso de Turquía esa obligación hace tiempo que es más formal que real.
El segundo argumento para cuestionar el voto voluntario es que produce una desigual participación. Hay evidencia, aunque es menos robusta de lo que habitualmente se afirma, que la participación en sistemas voluntarios está correlacionada con el nivel socioeconómico. Aceptando esta realidad, la extrapolación que de ahí se hace a que las políticas públicas van a ser menos sensibles a los intereses de los grupos más vulnerables no se sostiene.
Hay estudios que han intentado establecer el vínculo, pero son metodológicamente muy débiles. Los estudios de caso no avalan tampoco esta hipótesis. Por ejemplo, para el caso holandés no parece haber habido un cambio del énfasis de las políticas públicas después de 1971, año en que se suprimió la obligatoriedad del voto. Pero, además, los atajos en esta dimensión tampoco son obvios. Por ejemplo, en Chile el 20 % de las comunas más vulnerables tiene en las elecciones una tasa de votos inválidos que es más de dos veces la observada en el 20 % de las comunas más acomodadas. La realidad es que hay pocas cosas más sobredimensionadas que los potenciales efectos negativos del voto voluntario. Por ello, la preferencia por el voto obligatorio, aunque muy legítima, no debería ser un obstáculo para avanzar en este proyecto.
ES DIFÍCIL PENSAR QUE UN GOBIERNO PUEDA GANAR EN LEGITIMIDAD A TRAVÉS DE UNA PARTICIPACIÓN OBLIGADA.
