La principal tarea que tendrá el nuevo gobierno es recomponer el animus societatis, la voluntad de pertenecer a un mismo proyecto país.
Este año que comienza será decisivo para el futuro de nuestro país. Por primera vez desde el retorno a la democracia gobernará una nueva fuerza política. De su capacidad de escuchar a la ciudadanía, que no es lo mismo que la calle, responder a sus demandas y llegar a acuerdos políticos que permitan avanzar en mejorar las condiciones de vida de la población dependerá su consolidación en el poder. Escuchar, responder y acordar solo se logra cuando se abandona la ideología y prima el pragmatismo. La izquierda siempre ha sido exitosa a la hora del gobierno de las ideas, pero han fracasado en el plano de la realidad. Veremos si esta nueva fuerza política tiene el talento que tuvo la Concertación para entregar estabilidad, crecimiento y desarrollo social.
La tarea no será fácil. Por lo pronto, deberán abordar en marzo el manejo de la pandemia, la crisis económica en ciernes y las consecuencias de la pandemia en salud y educación. La crisis económica afectará directamente a las familias en sus posibilidades laborales, así como también al Estado en su capacidad de recaudación. La tentación de subir impuestos para mantener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y financiar la ayuda social será alta, pero contraproducente con los impulsos que requerirá nuestra economía durante los próximos años. Sería un gran avance lograr un acuerdo político amplio con una mirada de largo plazo que permita definir un horizonte tributario y un camino para alcanzarlo que contemple la situación económica en el corto plazo.
Al desafío en materia económica se suman las dos principales reformas que necesitamos: pensiones y salud. El retiro de los ahorros previsionales solo logró profundizar aún más el sentimiento de propiedad privada de los ahorros en contraposición con el sistema de seguros, donde los afiliados no son dueños de sus ahorros. En salud la discusión se concentrará en si optaremos por un único asegurador estatal como en el Reino Unido o por múltiples aseguradoras como ocurre en Alemania. Ambas reformas tocan principios ideológicos que en los últimos diez años no nos ha permitido avanzar. Veremos si en ambas reformas se logra imponer el criterio utilitarista que busca el mayor beneficio para las personas o se impone la ideología que es indiferente a los resultados.
El tercer desafío, sin duda el más importante, tiene relación con la violencia política y el narcotráfico. Los actos terroristas en el sur del país que amedrentan a la población civil y la expansión del narcotráfico en nuestras ciudades y pueblos son la principal amenaza para la democracia y no estamos preparados ni remotamente para enfrentarlos con éxito.
Junto con los desafíos propios del gobierno, durante el primer semestre la Convención Constituyente presentará la nueva Constitución, que será plebiscitada durante el segundo semestre. La Convención tiene la oportunidad de abordar los desafíos democráticos del siglo XXI, diseñando una institucionalidad robusta capaz de administrar los disensos y dar gobernabilidad. No es claro que este objetivo se logre, pero ello debería estar en el centro de la discusión.
Finalmente, la principal tarea que tendrá el nuevo gobierno es recomponer el animus societatis, la voluntad de pertenecer a un mismo proyecto país. Para ello, recomponer las relaciones entre las distintas fuerzas políticas será crucial. Enfrentamos un futuro incierto, pero estoy segura que disipar esa incertidumbre para construir un futuro mejor dependerá principalmente de la reconstrucción de confianza entre las distintas fuerzas políticas.
