El Senado interviene en el nombramiento de los más altos jueces. Se pronuncia sobre las propuestas que hace el Gobierno para la Corte Suprema, y nombra directamente a algunos miembros del Tribunal Constitucional. Esto parece razonable, pues permite a convergencia de voluntades y ayuda a legitimar funcio-narios que no son electos por la comunidad política, pero cuyas decisiones puedentener un gran impacto en ella.
Además, la intervención del Senado ofreció la oportunidad de desarrollar en Chile la civilizada práctica institucional de los “hearings”. Mediante éstos, y en nombre de la ciudadanía, los senadores escrutan a los candidatos a la judicatura. No sólo revisan su hoja de vida, sino que también los interrogan por cuestiones fundamentales, como el papel de los jueces en un Estado de Derecho y las relaciones que, en democracia, debe haber entre éstos y la ley.
Nuestro Senado ha desperdiciado esta oportunidad. Sus nombramientos para el Tribunal Constitucional de fines del año pasado son un buen ejemplo, sobre todo si se considera que uno de los nominados, cuando participó en la redacción del texto original de la Constitución, defendió ardientemente la tutela militar sobre la democracia. Y, en un artículo publicado en 1987, dijo que le parecía “indiscutible” la conveniencia de que las Fuerzas Armadas designaran a algunos miembros del Tribunal Constitucional.
¿Cambió de opinión durante estos años? Quizás, pero no podemos estar seguros, ya que ningún senador se lo preguntó. Y la pregunta era elemental, pues la última reforma constitucional buscó, precisamente, eliminar todo vestigio de tutela militar.
Lo ocurrido con Carlos Cerda es otro ejemplo de desperdicio. El ministro Cerda ha sostenido que los jueces pueden dejar de aplicar las leyes que estimen contrarias a la Constitución y al derecho internacional. Esto se opone al núcleo más valioso de nuestra tradición republicana, que ve en la ley la manifestación de la voluntad soberana que los jueces, como funcionarios no electos, deben respetar. Sólo el Tribunal Constitucional puede, excepcionalmente, saltarse la ley, pero mientras éste no se pronuncie, los demás jueces deben aplicarla.
Los senadores, sin embargo, no hicieron cuestión. Se limitaron, nada más, a “premiar” o “castigar” una carrera judicial que, como la del ministro Cerda, evoca los fantasmas de nuestro pasado reciente. Otra vez se abstuvieron de ir a la sustancia que importa para el diseño institucional en democracia y, de paso, volvieron a dejar a los ciudadanos en la penumbra.
