El ministro de Hacienda advirtió recientemente sobre un ajuste de aproximadamente US$2 mil millones. Aunque llama la atención que este anuncio se realice a solo cuatro meses del cierre del año, confirma la necesidad de tomar medidas para reorganizar las finanzas. No obstante, surge la interrogante: ¿será este ajuste suficiente?
Aplausos transversales recibió el ajuste fiscal que hizo el gobierno el año pasado. Tan ovacionado fue, que su eco aún perdura. Indudablemente alcanzar una reducción del 23% representó una hazaña excepcional, sobre todo al estar precedida por un incremento del 33%. Este logro permitió restaurar la sensatez que habíamos extrañado durante nueve años de cifras rojas. Aunque el regreso a la última línea azul fue un acierto, su durabilidad será el factor determinante; de lo contrario, podría convertirse en solo una anécdota. Una golondrina no hace verano.
Lamentablemente, hay señales de alerta. Las cifras del último Informe de Finanzas Públicas y de la ejecución presupuestaria exponen riesgos capaces de desencadenar un deterioro en nuestras finanzas. Entre abril y julio de este año, la estimación de ingresos disminuyó, mientras que la de gastos aumentó, dando lugar a un incremento del déficit efectivo y estructural en 0,3 y 0,2 puntos del PIB respectivamente. Este panorama subraya que, a pesar de mantener el compromiso de balance estructural de 0,3% para fines de este gobierno, cada vez se ve más difícil su cumplimiento. En efecto, se incrementa la diferencia entre el déficit actual y el de llegada, que se suma a que las metas de reducción más exigentes están concentradas para el final de la administración. Además, se perfila un aumento en la deuda bruta del país, proyectada en 42,2% para el 2026. Las noticias no son alentadoras, se requerirán medidas audaces -y algo de suerte- para revertirlas.
Vayamos a las cifras. En comparación con el 2022, se esperaba una reducción de los ingresos del 10,9%, pero los que efectivamente llegaron a las arcas fiscales a junio fueron menos auspiciosos aún (bajaron un 16,2%), principalmente por la desaceleración económica y las menores transferencias del sector minero. Pero para que las proyecciones originales de los ingresos se cumplan, será necesario contar con una caída sustancialmente menor en este segundo semestre (o incluso deberán aumentar según las recientes cifras de julio). ¿Podemos realmente esperar que las condiciones mejoren? La situación económica en Chile sigue sin señales de recuperación. Recientemente, el Banco Central informó de una caída de 1,1% del PIB entre abril y junio de este año respecto del mismo periodo de 2022, es decir, llevamos tres trimestres consecutivos a la baja. Además, la disminución en los aportes al Fisco de la minería es inquietante, ya que podría tener un impacto no solo este año, sino también en las proyecciones a futuro. Particularmente en el caso de Codelco, la situación será complicada hasta al menos 2030.
Pero más allá de estas proyecciones, es en la ejecución del gasto donde se prenden las principales alertas. Se anticipó un aumento del 0,7% con respecto al 2022, sin embargo, al observar la ejecución del primer semestre, estos se han incrementado en un 6,9%. La principal causa de esta situación se atribuye a la Pensión Garantizada Universal (PGU), que experimentó un aumento significativo en beneficiarios y montos entregados. Junto con otros subsidios en pensiones, se registró un incremento real del 29%. Además, sin duda, los diversos bonos anunciados por el gobierno a principios de año, que superan los US $800 millones anuales, y otros beneficios como la reducción de precios en medicamentos, también están influyendo en esta dinámica. Nuevamente, para que las proyecciones de gasto se ajusten al presupuesto, será esencial un apriete del cinturón en el segundo semestre. Es más, el gasto debería decrecer en un 3,4% respecto de 2022.
Ante la perspectiva de un posible desequilibrio fiscal, el ministro de Hacienda advirtió recientemente sobre un ajuste de aproximadamente US$2 mil millones. Aunque llama la atención que este anuncio se realice a solo cuatro meses del cierre del año -cuando son conocidas las rigideces del presupuesto nacional-, confirma la necesidad de tomar medidas para reorganizar las finanzas.
No obstante, surge la interrogante: ¿será este ajuste suficiente? En el actual escenario, si se logra reducir el gasto del segundo semestre en un 3,4% y de esta forma cumplir con las proyecciones iniciales, aun así el déficit efectivo aumentará 0,8 puntos del PIB (llegando a 2,7%), junto con la deuda, producto de los significativos menores ingresos que proyecta DIPRES (USD $2.500 millones, que podrían ser incluso mayores). En caso de que este ajuste sea menor al anunciado, o el comportamiento del gasto siga un patrón similar al del primer semestre, nos encontraremos con un déficit aún mayor, fácilmente del doble, que pondrá en riesgo nuestra convergencia fiscal. Hasta ahora los recientes resultados de julio muestran un relevante ajuste de gastos, que esperamos se mantenga. ¿La golondrina habrá hecho el verano? No, pues no vuela sola, sino siempre con su bandada.
