Justo ahora que acabamos de pagar la segunda cuota de las contribuciones y porque generalmente somos más proclives a reclamar que a elogiar, bien vale reconocer cuando las cosas se hacen bien.
De un tiempo a esta parte la vereda frente a mi casa fue deteriorándose progresivamente hasta formar un “evento” que a mi inexperto juicio se tornaba peligroso. Sin mucha expectativa y sin saber a priori cuál era el procedimiento, utilicé la plataforma de atención al vecino que ofrecía la web de la Municipalidad de Las Condes. Al minuto recibí una respuesta automática asignándome un número de seguimiento. Al día siguiente se me informa que se verificará en terreno para encomendar la reparación. Dos días hábiles después se presentaron funcionarios de la municipalidad a verificar y al día siguiente ya había una cuadrilla trabajando. En total no pasaron ni 5 días hábiles entre que pregunté cuál era el procedimiento hasta que la vereda estaba completamente reparada.
En mi caso, tengo la fortuna de vivir en una comuna donde apenas el 0,9% de las viviendas se ubica frente a veredas en mal estado, situación en la que estuve solo un par de semanas en que, por desidia, no había presentado el reclamo. Tal no es el caso de comunas como La Pintana o Pedro Aguirre Cerda, donde el 48,4% y el 37,7% de las viviendas, respectivamente, está en manzanas con veredas deterioradas o donde derechamente no hay veredas.
Si bien podríamos discutir largamente respecto de la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, muy probablemente estas diferencias de estándar urbano se explican, al menos en parte, por la asimetría en los presupuesto de cada comuna. Habida cuenta del rol redistributivo que ya juega el Fondo Común Municipal, es urgente buscar mecanismos que permitan nivelar hacia arriba.
Uno de ellos es la ampliación de la base tributaria del impuesto territorial (bajando gradualmente el actual límite exento) y la implementación de una compensación desde el Gobierno Central a los municipios por las viviendas que se decida mantener exentas de pago. Una acción de este tipo aumentaría en aproximadamente 39% los ingresos municipales de comunas como La Pintana y Pedro Aguirre Cerda. Ahora que el Gobierno propone modificar el impuesto territorial como forma de reducir espacios a la especulación inmobiliaria y de paso reflejar las plusvalías (y minusvalías) que pueda generar la inversión pública y los cambios normativos, es imprescindible discutir también este aspecto del problema.
Actualmente, en las comunas mencionadas el 98% de las viviendas están exentas del pago de contribuciones. Si bien esto responde al bajo estándar de dichas viviendas, no es razonable que esos municipios no recauden ni reciban ingresos por estas propiedades que cubren casi la totalidad de su territorio. La compensación que actualmente se entrega vía Ley de Presupuestos cubre apenas el 11% de lo que se deja de recaudar, dejando a los municipios que acogen viviendas de menor valor sin la capacidad de financiar los bienes públicos que toda vivienda demanda.
Más que la desigualdad económica (ingresos), de acuerdo al PNUD es la desigualdad en el trato (respeto y dignidad) la que más insatisfacción genera, y en esta dimensión, la asimetría de estándares urbanos juega un rol preponderante. Los bienes públicos locales moldean la manera en que habitamos la ciudad y contribuyen decisivamente a definir el trato que como ciudadanos experimentamos cotidianamente. Es imperativo tratar de emparejar esta cancha.
