En las últimas semanas se ha intensificado en Europa y en Estados Unidos el debate sobre los efectos recesivos de los programas de austeridad.
A esto han contribuido tres factores. Primero, el reconocimiento reciente del FMI de que los ajustes fiscales en que están embarcados varios países europeos tienen efectos más pronunciados en caídas del producto que en situaciones normales y que lo estimado inicialmente tanto por el mismo FMI como por las autoridades europeas.
Segundo, la fuerte contracción que experimentó la Eurozona en el cuarto trimestre de 2012 y sus pobres perspectivas para el año 2013.
Tercero, los efectos contractivos de la reducción de gasto público ya legislada en EE.UU. y que se haría efectiva en los próximos meses en una economía con crecimiento débil.
Que los ajustes fiscales tengan efectos más contractivos que en situaciones normales no es sorprendente dados el alto desempleo y las amplias brechas de capacidad, los reducidos espacios para políticas monetarias expansivas con tasas de política cercanas a cero, la obstrucción del canal del crédito, la inexistencia de una moneda propia que se pueda depreciar y el débil crecimiento mundial.
Pero el hecho de que los efectos contractivos de los programas de austeridad sean mayores que lo estimado inicialmente no implica que estos se deban abandonar, porque Grecia, Irlanda y Portugal no tenían forma de financiar sus déficits y, por lo tanto, estaban obligados a ajustarse.
Así, a los países en que la razón de deuda pública a producto había adquirido una dinámica tal que los mercados no estaban dispuestos a financiar sus déficits a un costo sostenible no les quedó otro camino que introducir ajustes fiscales compatibles con las condiciones y el monto de financiamiento que fueron capaces de obtener de canales oficiales, esto es, los fondos de rescate creados por los organismos europeos o el crédito del FMI.
Estos países no tienen más opción que seguir con los ajustes fiscales y, basados en su progreso, intentar negociar un cronograma de ajuste más gradual en el tiempo. La opción que sí tienen estos países es la composición del ajuste fiscal. En esto se debe evitar poner el mayor peso del ajuste en los aumentos de impuestos por sus efectos negativos en incentivos y en último término en el crecimiento.
España e Italia son casos distintos, estos dos países han ganado un respiro con los programas introducidos por el Banco Central Europeo (BCE) que, hasta ahora, les ha permitido reducir el costo de financiamiento a niveles más tolerables para la dinámica de la solvencia fiscal.
Sin embargo, igual están obligados a continuar con sus programas de ajuste para asegurarles a los mercados que están progresando en su ajuste o que van a cumplir las condiciones para poder acceder a los programas de apoyo del BCE para compras de su deuda en los mercados secundarios y, de esta forma, consolidar las bajas que han tenido sus primas de riesgo.
En lo que sí hay espacio en todos estos países es para complementar los programas de austeridad con reformas estructurales que les permitan mejorar competitividad y aumentar su crecimiento potencial.
Dentro de las reformas pro-crecimiento, las áreas principales para avanzar son: facilitar la creación y el cierre de empresas, desregular las profesiones y el mercado laboral, aumentar la competencia, mejorar el ambiente de negocios, y reformas a la seguridad social. Más importante aún es entender que, más que un dilema entre austeridad y crecimiento, ambos objetivos son complementarios, incluso las medidas pro-crecimiento son fundamentales para mejorar la dinámica de la solvencia fiscal al aumentar el producto, mejorando la capacidad de pago.
De no acelerar la implementación de reformas pro-crecimiento, estos países corren el riesgo de hacer mucho de ajuste fiscal y poco de medidas pro-crecimiento, lo cual puede tornar insostenible el ajuste fiscal por las presiones sociales y políticas. Las dificultades de acometer las reformas pro-crecimiento surgen de la mayor capacidad de oposición de los grupos de interés que se benefician de las prácticas restrictivas que están limitando el crecimiento.
De los cinco países anteriores (Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia), el que tiene más oportunidades para introducir reformas pro-crecimiento es Italia. En la primera década de este siglo, Italia creció solamente un cuarto de punto porcentual al año y estuvo entre los diez países del mundo que menos crecieron en esa década. En el ranking de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial Italia es el país de la OCDE con el segundo peor ranking, superando solo a Grecia, y de los cinco países con problemas en Europa es el que menos ha avanzado en mejorar su competitividad.
Además, un estudio reciente del FMI concluye que reformas en mercados de productos y en el mercado laboral podrían contribuir a incrementar su producto per cápita en 10,5% en 10 años, esto es subir su tasa media de crecimiento en más de un punto porcentual por año.
Desafortunadamente el programa de reformas pro crecimiento del muy bien motivado Primer Ministro italiano Mario Monti ha encontrado una fuerte oposición interna.
El problema de EE.UU. es distinto. EE.UU., al igual que Alemania, el Reino Unido y Japón, tiene una alta razón de deuda pública a producto, pero todavía tiene acceso a financiamiento a un costo reducido.
Estos países tienen la opción entre reducir el déficit fiscal ahora o introducir medidas creíbles que contribuyan a mejorar la dinámica de deuda en el mediano plazo. Así, estos países se pueden dar el lujo de calibrar el momento en que los ajustes fiscales comienzan a operar, pero no pueden postergar mucho la decisión de legislar para introducir ajustes fiscales creíbles por el riesgo de que los mercados comiencen a presionar al alza el costo de su deuda, lo que puede deteriorar rápidamente su solvencia.
En la coyuntura mundial actual, la mayor contribución que pueden hacer estos países, especialmente EE.UU., es usar una combinación más cargada a ajustes de mediano plazo para así minimizar los efectos recesivos de corto plazo en una economía mundial que crece poco.
