La oferta de programas sociales en ‘especies’ ha aumentado significativamente con el tiempo. Muchos de ellos han probado ser poco efectivos.
El reclamo por la elevada desigualdad del país ha aparecido nuevamente en estas elecciones. Pero, como es habitual, con poco aprecio a la evidencia, a la experiencia comparada y, por ello, sin un adecuado aquilatamiento de las dimensiones sobre las que cabe reflexionar. Si se recorre la base de datos de la OCDE sobre desigualdad de ingresos, uno puede comprobar que el último coeficiente de Gini disponible para Chile es 0,486 (este indicador es el más utilizado cuando se intenta representar la desigualdad de ingresos, y su valor es 0 en un mundo de perfecta igualdad y 1 si la desigualdad es absoluta). Si se toma el promedio de los últimos indicadores disponibles para los países de la OCDE, se arriba a una estimación de 0,47.
El lector acostumbrado a leer sobre la elevada desigualdad de Chile respecto de los países más avanzados pensará que me he equivocado en los cálculos. No es así. Los valores reportados corresponden a un Gini denominado, por este organismo internacional, de mercado; es decir, aquel que refleja los ingresos resultantes de los intercambios y transacciones de sus economías. Es difícil sostener, mirando estos datos, que en el funcionamiento de nuestra economía existen algunas características específicas que la llevan a generar inevitablemente mayor desigualdad que en otras latitudes.
Desplazándose un poco en la base de datos mencionada, se llega a otro coeficiente de Gini, aquel que se estima a partir de los ingresos disponibles, que son los resultantes después de aplicar a los ingresos de mercado los impuestos y transferencias monetarias (es decir, aquellos resultantes de la acción redistributiva directa del Estado). La estimación para Chile es de 0,454 y para el promedio de la OCDE el valor es de 0,315. Estamos ahora en un terreno más familiar para el lector. Los impuestos en Chile no son particularmente progresivos (la reforma tributaria de 2014 cambió en algo esta realidad); una fracción, aunque no muy importante, de esta marcada diferencia se explica por este factor. La principal razón hay que encontrarla en el peso que juegan las transferencias monetarias en la política social de la gran mayoría de los países de la OCDE. En estos, en promedio, se transfiere en dinero una cifra que equivale a 12,4% del PIB. En el caso de Chile, esa proporción es de solo 4,7% del PIB.
Una parte significativa de esta discrepancia se explica por el financiamiento de pensiones (e indirectamente también por el carácter de reparto que tienen los sistemas de pensiones en varios de los países miembros de esta organización).
El debate sobre la desigualdad en Chile dice finalmente relación con la posibilidad de sostener el equilibrio actual o moverse hacia uno distinto elevando impuestos. Pocas veces se discute el alcance de este segundo camino. La principal fuente de discrepancia en recaudación respecto de la OCDE son los impuestos personales a la renta (también las cotizaciones previsionales, pero hay acuerdo en que ellas deben subir). Ello ocurre por tres factores principales: la proporción de la población que paga impuestos a la renta en Chile (un quinto) es muy inferior a la de esos países (donde llega hasta 87 por ciento), las tasas marginales superiores son más bajas en Chile (35 por ciento) que en la OCDE (42 por ciento promedio) y el ingreso relativo a partir del cual se grava con la tasa marginal superior es más alto en Chile (10 veces el promedio) que en esta organización (5 veces el promedio).
La realidad es que esta discusión se elude, porque hay poco apoyo en la población, incluso entre muchos expertos, a cambios de estas características. Seguramente hay muchas razones para este rechazo y mientras exista es difícil imaginar que pueda haber sustento político para apartarse del equilibrio actual. Con todo, quizás hay espacio para aumentar las transferencias monetarias. La oferta de programas sociales en «especies» ha aumentado significativamente con el paso del tiempo. Muchos de ellos han probado ser poco efectivos. Esos dineros rendirían mucho más invertidos en transferencias monetarias bien diseñadas que apunten a reducir directamente la pobreza y desigualdad.
Con todo, es bueno no olvidar que respecto de 2007 (el año previo a la gran crisis económica) Chile no solo está entre los 16 países de 35 de la OCDE que no elevaron su desigualdad, sino que además es el segundo que más la redujo. También, que mientras el ingreso del 10% más pobre disminuyó entre 2007 y 2014 en 2,5% para los países de la OCDE en nuestro país el ingreso de ese grupo de compatriotas subió en 20%. Por cierto, los desafíos de Chile en esta área son aún significativos, pero no hay que perder de vista los avances al debatir de desigualdad y tampoco los ejes involucrados en la discusión.
