El error de la Ley General de Educación

Hoy debería ser ratificado, en tercer trámite constitucional en la Cámara Baja, el proyecto de Ley General de Educación. Ha sido una iniciativa ampliamente debatida por la opinión pública, pero con poco énfasis en sus aspectos medulares. Así, por ejemplo, el cuestionamiento al proyecto porque no se detiene en una gran reorganización de la educación estatal parece olvidar que más de la mitad de nuestros niños y jóvenes no eligen esos establecimientos y que dicha reorganización puede ocurrir independientemente del marco general. Si se insiste, quizás, es porque se cree que la educación particular subvencionada o pagada en el país debe estar seriamente restringida. Pero como no ha habido el coraje político para plantearlo de manera directa, se ataca este proyecto que, ciertamente, valora la diversidad de ofertas educativas.
Ahora bien, la ley contempla que las instituciones educativas sean monitoreadas en su desempeño a través de agencias especializadas. Se reenfoca, entonces, la labor del Estado en el control de los desempeños académicos y cumplimiento de los requisitos legales para proveer educación. Al definirse el cumplimiento de estándares mínimos de aprendizaje de los estudiantes, algo que hasta ahora no era posible, se pondrá atajo a los desempeños persistentemente malos que se observan en muchos de los establecimientos educativos del país. Se avanza, además, en transparencia e información a las familias.
Estas mayores exigencias van acompañadas de las bases para crear un sistema, profesional e independiente, de apoyo a los establecimientos Esta reorganización permitirá un Estado más efectivo y concentrado en las tareas que le son propias, reduciendo la carga burocrática que le imponen a los establecimientos una serie de iniciativas poco articuladas e ineficientes generadas desde el Ministerio de Educación. Así, la nueva institucionalidad que se crea es muy superior a la actual y contribuirá, contrariamente a lo que creen algunos escépticos, no sólo a estimular la calidad de la educación nacional, sino que a proveer un soporte adecuado a otras iniciativas valiosas.
Una vez promulgada esta ley, la educación primaria volverá a ser de seis años. Una fuente de desigualdad en educación lo constituye el hecho de que mientras los colegios privados enseñan a sus estudiantes de séptimo y octavo (incluso de sexto) con profesores de media, las escuelas municipales lo hacen con profesores de básica sin los suficientes conocimientos y especialización para enseñar las materias de estos cursos. Consistente con esto, el proyecto permitía que profesionales afines a las materias enseñadas en la educación secundaria pudiesen incorporarse a la docencia. Ello era coherente con la expansión de la educación secundaria y con la falta de docentes en muchas especialidades: matemáticas, ciencias e inglés, entre otras.
Como las principales carencias de docentes ocurren en establecimientos vulnerables, esta disposición aumentaba la igualdad de oportunidades. Inexplicablemente fue excluida del proyecto en el Senado después de una indicación presentada por senadores socialistas. No deja de ser paradójico que aquellos que dicen ser férreos defensores de la igualdad promuevan el retiro de una iniciativa que avanza en esa dirección. Parece que la defensa de intereses corporativos -la de algunos docentes que muy eventualmente podrían ver perjudicadas sus oportunidades laborales- puede más que la preocupación por igualar aprendizajes a lo largo del país. La Cámara de Diputados debería corregir este error no aprobando esta inexplicable modificación.