El Gobierno ha anunciado su intención de transferir US$ 70 millones a TVN para que transite a la digitalización de sus emisiones, más otros US$ 25 millones para constituir una señal paralela de carácter «cultural» y «educativa».
El anuncio ha sido polémico y con razón. Casi US$ 100 millones en subsidio para el Estado radiodifusor. Las críticas aluden al actual momento económico y al costo de oportunidad de esos recursos. Algunas recuerdan los malos resultados que viene arrastrando TVN y el «riesgo moral» que se corre con semejante salvavidas. Otras, en fin, advierten que el Estado está desnivelando la cancha del juego televisivo a su favor. Todas estas críticas son atendibles.
Y se puede hacer otra, más general. ¿Qué diagnóstico sobre el sistema de medios, su evolución y el papel del Estado, subyace en esta propuesta oficial? Como es evidente, la tecnología digital ha cambiado las formas de la comunicación social, descentralizándola, atomizándola y masificando sus emisores y receptores. Pareciera que en esto ya no hay vuelta atrás.
La digitalización abre este escenario como desafío y oportunidad para la televisión, en especial para la pública. ¿Está el proyecto para TVN a la altura? Me temo que no. En vez de imaginar modelos más adecuados como, por ejemplo, el de convertir la red en una plataforma de distribución de contenidos generados por las personas y seleccionados mediante concursos abiertos, se insiste en uno propio de la era predigital, con canales centralizados e integrados en la producción y emisión.
Tampoco parece haberse hecho con seriedad la pregunta por la diferencia específica de TVN en el sistema de medios. Sin duda aportó, y mucho, en los primeros años de la transición. Pero hoy es bien indistinguible, tanto por el desempeño del canal como por la evolución de ese sistema. ¿Hay algo que augure una diferencia específica, de interés público, cuando la estructura actual se digitalice, y se le agregue una paralela «cultural» y «educativa»?
El extravío de TVN no es un problema exclusivo de este gobierno. Viene, al menos, desde el anterior. En octubre de 2013 se dictó una ley ampliando su giro empresarial. Pasó más desapercibida de lo que merecía, quizás a la sombra de la larga discusión legislativa sobre la TV digital. Hoy TVN puede «realizar todas las actividades propias de una concesionaria de servicios de telecomunicaciones, de televisión, de radiodifusión sonora, de servicios intermedios de telecomunicaciones y de servicios audiovisuales, con iguales derechos, obligaciones y limitaciones». Es decir, podría ofrecer servicios de telefonía o de radio, entre otros, como un Estado empresario difícil de justificar hoy, al estilo de la CTC o la Radio Nacional que operó en la dictadura. ¿Está aquí el interés público en un sistema de medios digitalizado?
En 1990 se necesitó de TVN y la Concertación hizo bien en salvar el canal contra viento y marea. Hoy se necesita más que voluntad política para sacar a la televisión pública del extravío. Se necesita imaginación.
