En los fundamentos liberales del Estado democrático de derecho, el aseguramiento del orden público no es separable de la protección de los derechos fundamentales.
Un tercio de la población prefiere un gobierno firme y la mitad suprimiría libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia, según la última Encuesta CEP. Pero “hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que tu filosofía puede soñar”, decía Hamlet. Detenerse en dos preguntas de una encuesta de más de cien ítems no es la mejor estrategia para interpretar Chile, especialmente si de ellas se extrae la conclusión de que el Bukele chileno estaría a la vuelta de la esquina.
En primer lugar, la delincuencia, robos y asaltos han sido una preocupación constante de la ciudadanía al menos en los últimos cinco años. Si esta es la inquietud principal, entonces lo que está en juego es nada menos que el temor por la integridad física y la vida. Los permanentes problemas de orden público, los focos de violencia en el sur y norte y el agotamiento con el estallido son la base de esta percepción. La idea de un “gobierno fuerte” constituye un llamado a restablecer la protección más fundamental del Estado democrático de derecho: la seguridad vital. vital. Sin la vivencia de orden público, cada día se vuelve una lucha por la existencia para muchos.
En segundo lugar, para la mayoría esto no significa trasgredir los límites de los derechos fundamentales. Se trata, ante todo, de hacer cumplir la ley que democráticamente nos damos.
Más de la mitad de la población valora la democracia sobre otras formas de gobierno (54%); sabe que ella consiste en garantizar la seguridad y el orden público (51%), en tener libertad para críticas al gobierno (66%) y en que las personas puedan elegir a sus autoridades libremente (74%). Todas esas convicciones muestran que, para los chilenos, orden público y defensa de los derechos d fundamentales son principios indisociables de un régimen democrático.
En tercer lugar, en sintonía con lo anterior, la mayor parte de la población prefiere políticos que privilegien acuerdos (59%) por sobre aquellos que enfatizan particularismos (29%). Además de ser esto un claro mensaje al Consejo Constitucional muestra que los chilenos tienen una comprensión de la democracia basada en el diálogo y que son aversos a pretensiones de imposición de un sector sobre otro. En tanto, a baja confianza en los partidos políticos (3%) indica que ellos aún no están a la altura de esa expectativa, aunque crece su adhesión (38%).
En los fundamentos liberales del Estado democrático de derecho, el aseguramiento del orden público no es separable de la protección de los derechos fundamentales; de la vida, la salud, la posesión (Locke), de la paz (Hobbes), de la dignidad (derechos humanos). Es la defensa “firme” de esa unidad la que importa. Después de 33 años de democracia, los chilenos no olvidan eso.
