En todos los asuntos públicos debatidos con intensidad se entrecruzan diversos ejes reveladores de la naturaleza humana, pero que no siempre se expresan de modo transparente. Por eso, las soluciones que resultan sensatas para resolver problemas específicos no siempre encuentran su camino.
Sin duda, el acceso a la educación superior ha significado una carga financiera presente o futura elevada para las familias de ingresos medios y bajos o para los egresados cuyo desempeño futuro es inferior al esperado. También es evidente que el sistema de educación superior no está sometido a suficientes exigencias y, más aun, carece de garantías que aseguren que las ayudas estudiantiles, como ya ha estado ocurriendo, no se van a traducir en alzas de aranceles.
Complementariamente, algunas instituciones pueden tener incentivos para incorporar estudiantes, aunque sea por plazos breves, a cambio de elevar sus ingresos.
Además, en un sistema que está presionado para financiar el acceso de nuevos estudiantes, que provienen de hogares cada vez de menores ingresos, el riesgo es que se lesione el apoyo a la investigación en nuestras universidades más complejas. Todos estos problemas y otros pueden ser resueltos razonablemente bien si hay un proceso de deliberación apropiado.
Muchos expertos han acudido con propuestas que parecen ser un buen punto de partida para estos propósitos. El Gobierno, como un experto más, ha ofrecido sus propias respuestas. No se ven tan alejadas de las que se sugieren desde distintos sectores.
Pero sabemos, hace rato, que la discusión no está planteada en ese nivel. Desde muy temprano los actores han sostenido el fracaso del sistema. Claro que nunca son muy explícitas sus causas. La verdad es que diversos indicadores sugieren más bien que la política de facilitar el acceso a la educación superior ha sido exitosa, a pesar de las dificultades observadas.
Existen por lo menos dos aristas que afectan el debate y que alimentan la imagen del fracaso. Quizás la menos interesante y que aparece con mayor grado de transparencia busca, a través de las movilizaciones, la refundación del sistema de educación superior con el objetivo de propinarle, a través de esta vía, una derrota a la sociedad capitalista. Es una demanda que va más allá de la discusión del modelo específico de educación superior y que recibe un apoyo adicional en grupos que creen que el involucramiento de instituciones privadas en educación nunca será un mayor aporte en ninguna dimensión.
Más interesante y menos transparente es el malestar que ocasiona un acceso más amplio a la educación superior. La masividad les resta estatus a grupos específicos de nuestra sociedad que resienten esta situación. La austeridad chilena ha resistido esos «licenciados» y «doctores» tan comunes en el trato de otros países latinoamericanos, pero igual se dejan notar de formas más sutiles. Por eso que no es raro, aunque siempre se podrá argumentar que son los de mayor «conciencia crítica», que este movimiento sea liderado por los estudiantes de las universidades de más larga tradición y más selectivas del país.
Si bien ahí se sigue realizando la mejor investigación, seleccionando a los estudiantes mejor preparados y atrayendo a los nuevos científicos, algo del «glamour» de antaño se ha perdido. Es una consecuencia natural de un sistema universitario que ofrece ahora mayores oportunidades a jóvenes cuyas habilidades o trayectorias no les permitieron acceder a las instituciones más complejas.
El lucro es un puente entre ambos ejes y por eso adquiere un carácter tan simbólico. Es una demostración de la presencia del capitalismo, pero también es el combustible que ha allegado las inversiones necesarias para ampliar el acceso a la educación superior y ha reducido el «capital simbólico» que representa para muchos un acceso más limitado a la educación superior. Sin embargo, el acceso masivo parece haber llegado para quedarse.
