El 16 de enero se dio a conocer que 14 mil de los casi cincuenta mil estudiantes calificados recibieron el nuevo crédito universitario.
Dos días después, en respuesta al reclamo de familias sorprendidas porque a pesar de su situación socioeconómica desmedrada no habían sido beneficiados, el Presidente Lagos anunció su voluntad de elevar a cuarenta mil los estudiantes beneficiados.
Ahora sabemos que el problema no era el número de créditos, sino que un error monumental cometido en el proceso de asignación del mismo.
Se entregó el crédito a los 14 mil alumnos de mayor ingreso per cápita familiar y no al revés, como estaba estipulado.
El error se ha agravado porque la autoridad política, aparentemente informada el miércoles 18 de lo ocurrido y a pesar de la angustia de muchas familias, actuó con opacidad postergando el anuncio del error hasta el pasado viernes y sin ofrecer una solución clara al problema.
El Gobierno quiere ampliar ahora el crédito a cuarenta mil estudiantes. Sin embargo, este nuevo propósito olvida que a diferencia del sistema de crédito solidario que opera exclusivamente para los estudiantes del Consejo de Rectores, en este nuevo sistema de créditos, al que pueden postular estudiantes de las instituciones públicas y privadas de educación superior acreditadas, los recursos provienen de la banca.
Ésta requiere de garantías para cursar estos préstamos, las cuales son aportadas después del egreso por el Estado. Pero durante el período de estudios, las garantías tienen que ser constituidas por las instituciones de educación superior.
Éstas alcanzan a 90, 70 y 60 por ciento del capital e intereses durante el primer, segundo y después del tercer año, respectivamente.
Por supuesto, tienen un costo que indudablemente las instituciones deben acotar para poder desarrollar su labor y también para no aumentar su riesgo financiero.
Las instituciones de educación superior, antes de conocerse este error, anunciaron su decisión de ampliar las garantías a 28 mil estudiantes como respuesta a los anuncios presidenciales.
En estricto rigor, si el Gobierno quiere ampliar en doce mil los beneficiados para llegar a 40 mil y enmendar el error cometido corresponde que absorba por esta vez las garantías correspondientes a esos estudiantes que en una situación normal habrían sido de cargo de las instituciones de educación superior. Pero aun si se acordara este camino, qué sucede con los casi 10 mil postulantes que se quedarán sin crédito y cuyo ingreso familiar si bien es superior a los nuevos beneficiados es inferior al de los primeros beneficiados.
¿Es justo que se queden sin beneficios? Las autoridades han cometido un error inexplicable. Ojalá que las responsabilidades políticas queden adecuadamente establecidas.
