Las aguas del Acuerdo por Chile siempre han estado revueltas. Demoró en cuajar, a pocos les conformó plenamente y se auguran nuevas controversias.
Al comparar el 60% de preocupación de la población chilena por la delincuencia, asaltos y robos con el 3% que obtiene la Constitución en la pregunta por los problemas a los que el gobierno debiera dedicar mayor esfuerzo en solucionar, pareciera que el nuevo proceso constituyente estuviera destinado al fracaso. Estos son datos de la encuesta CEP dados a conocer ayer.
Una reacción demasiado rápida frente a esto es que la nueva Constitución no es tarea del gobierno: de ahí su baja valoración. Esto puede ser técnicamente cierto, pero la respuesta evade el problema en torno al desánimo constitucional. Una mirada más en detalle de los datos muestra que lo que motivó originalmente el proceso durante la segunda administración de Bachelet –y que fue eclipsado durante la Convención por el autonomismo territorial y la plurinacionalidad, entre otros– sigue estando presente en las expectativas de las personas. Se trata de la ampliación de los derechos sociales. Salud (32%), pensiones (31%) y educación (26%) se sitúan persistentemente en el segundo lugar de las preocupaciones de los chilenos desde hace tiempo.
Adicionalmente, la encuesta interrogó por las razones para votar Apruebo en el plebiscito de septiembre de 2022. La razón más fuerte, entre las alternativas disponibles, refiere a los derechos sociales, con un 18% como mención principal y un 21% como secundaria. Esta opción la privilegian más hombres (45%) que mujeres (35%), más los jóvenes que los mayores, y hay transversalidad según posiciones políticas: la opción la elige un 42% de la izquierda, un 39% del centro y un 42% de la derecha. Asimismo, considerando que los derechos sociales consagrados por la propuesta de la Convención no parecen haber sido una razón relevante para quienes votaron Rechazo (solo 6% en primera mención, 7% como segunda), es posible concluir que el impulso constitucional de los derechos sociales cuenta con respaldo en la población.
Es cierto que no hay que esperar una nueva Constitución para el avance en estos derechos, y también lo es que un texto constitucional no soluciona los problemas con la inmediatez requerida. Pero sí genera las bases y el compromiso valórico y normativo para el desarrollo de una institucionalidad adecuada a su concreción. El punto 5 del Acuerdo por Chile lo recogió de modo adecuado. Combinó el desarrollo de derechos sociales con las libertades individuales concebidas como derechos fundamentales, y consideró la responsabilidad fiscal y la coordinación entre el ámbito público y privado en la provisión de aquellos.
Las aguas del Acuerdo por Chile siempre han estado revueltas. Demoró en cuajar, a pocos les conformó plenamente y se auguran nuevas controversias. Pero la población parece tener claro qué es lo que espera del nuevo proceso. Los partidos, el Consejo y los expertos deberán tener esto en consideración.
