En momentos de crisis, las presiones de diversos sectores para obtener algo del Estado aumentan. Y en períodos de vacas flacas, la tentación es aún mayor si la teta de todos los chilenos está gordita. Bien conocido es el dicho “el que no llora, no mama”. Si hay mucho que mamar, mayores son los incentivos para llorar.
Con el pretexto de proteger el empleo, la teta estatal ya dejó caer algo para los salmoneros, la construcción y la minería. Naturalmente, tendremos una seguidilla de nuevas demandas para proteger a otros sectores. ¿Ve usted buenos argumentos para oponerse a otros rescates de este tipo? Si a ellos los ayudaron, ¿por qué a mi no? En el sur de Chile, por ejemplo, los aserraderos viven una situación muy difícil. Aquellos que aún se mantienen operando, demandan un gran esfuerzo financiero de sus dueños. ¿Por qué, con el mismo fin de velar por el empleo, no ayudarlos también a ellos? ¿Es justo ayudar a algunos sectores y no a otros? ¿Qué criterios utilizamos para elegir a quienes ayudamos? Son preguntas legítimas, pero también inquietantes; estos salvatajes a dedo generalmente son producto de presiones sectoriales.
El último paquete fiscal que anunció el gobierno es un buen ejemplo de cómo actuar frente a la crisis. Con la excepción de los US$ 1.000 millones para Codelco, que no sabemos en qué terminarán, las demás medidas parecen sensatas y apropiadas. Nada que ver con la discrecionalidad con que se trató a los salmoneros, la construcción y minería.
Los subsidios específicos no necesariamente ayudan al empleo. Y lo que es más grave aún, atentan contra los principios fundamentales sobre los cuales construimos nuestro éxito económico. Es precisamente nuestro modelo de desarrollo económico el que está en juego. En una economía de mercado, tanto las ganancias como las pérdidas asociadas a cualquier iniciativa empresarial son privadas. No sólo es justo; también es beneficioso para la sociedad que así sea. Esta es la esencia de un mercado competitivo: reglas iguales para todos y todos iguales ante las reglas. Para Schumpeter, la clave del capitalismo es su destrucción creativa, un fenómeno incompatible con la captura creativa.
A propósito de demandas sectoriales, y de competencia, las universidades estatales han iniciado una campaña exigiendo un “nuevo trato.” O sea, más recursos del Estado.
¿Cuánto destina el Estado a la educación superior? El presupuesto 2009 contempla unos US$ 750 millones, aproximadamente un 0,7% del PIB. Y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), un cartel que reúne a 25 universidades públicas y privadas, recibió unos US$ 350 millones. El CRUCH dirige la educación superior, algunos son dueños de la PSU y, en general, como en cualquier cartel eficiente, cada uno recibe algo.
El actual rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi, como Presidente del Consorcio de Universidades Estatales del CRUCH, reclama que las universidades públicas no pueden competir. Plantea que “si el Estado quiere que sus universidades compitan, les debería duplicar o triplicar sus aportes.” Es cierto que las universidades estatales, al igual que algunas empresas públicas, tienen chalecos de fuerza que no les permiten competir en igualdad de condiciones. Pero la queja de Zolezzi no necesariamente se solucionará con más recursos permanentes. Por su propia experiencia, sabe que existen serios problemas institucionales ligados a la eficiencia.
Veamos algunas cifras. La UAI tiene 300 funcionarios no académicos. La Universidad de Chile tiene 6.832 funcionarios no académicos. Sí, leyó bien: 23 veces más. Como la Chile tiene 4 veces más alumnos que la UAI, me temo que es difícil encontrar buenos argumentos para explicar una diferencia tan colosal. De hecho, aunque la Chile tiene una planta docente similar a la Católica, ésta tiene 3,5 veces más funcionarios que la Católica. Pronto ingresará al Congreso un plan de rescate para que acadé micos y funcionarios de las universidades estatales se acojan a retiro voluntario.
La revolución de las verdaderas universidades privadas – aquellas que no forman parte del exclusivo club CRUCH- es una prueba de que, en el mercado académico, la eficiencia hace la diferencia. Los hechos hablan por sí solos. Dos de las universidades más competitivas en medicina, prácticamente sin apoyo de recursos fiscales, son privadas. Quién lo hubiera imaginado diez años atrás. En el ranking AmericaEconomía, sin mucha ayuda del Estado, el MBA de la UAI aparece primero en Chile y tercero en Latinoamérica. Y para que esto no sólo parezca un tema cota mil, no olvidemos que la Escuela de Derecho de la UDP jugó un rol clave en nuestra reforma procesal penal. Se han generado valiosos bienes públicos y ninguna de estas universidades pertenece al cartel CRUCH.
¿Es lo mejor para nuestra educación superior seguir inyectándoles recursos a las universidades públicas?
