¿Serán los consejeros capaces de redactar una Constitución sensata, representativa y que entusiasme a todos los sectores?
¿Querrán “regresar” a la versión original de la Constitución de 1980? Esta es la pregunta que muchos se han hecho luego de que los consejeros republicanos presentaran cerca de 400 enmiendas a la propuesta de 211 artículos entregada por la Comisión Experta. Esta riesgosa jugada ha manifestado una vez más la dificultad que tiene nuestra dirigencia política de llegar a acuerdos y de lo fácil que es perder el foco de lo verdaderamente importante: construir una Constitución inclusiva y transversal.
Hay quienes justifican esta maniobra a partir de un supuesto intento por sintonizar con la ciudadanía, asegurando que el diseño apunta a conectar con sus preocupaciones. Hasta cierto punto, esto es atendible: las encuestas muestran que el proceso en curso concita poco interés y que la aprobación del texto en el plebiscito es, por decir lo menos, incierto. Apelar a las demandas de la ciudadanía sería, en este escenario, una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, dicha posición minimiza la relevancia de contar con una Constitución que sea aceptable por las distintas coaliciones políticas del país. Nuestra Carta Magna debe ser un pacto con mínimos comunes capaz de convocar y representar a todos. Para ello, es indispensable identificar aquellos valores que nos unen y no realzar los que nos dividen.
El sector oficialista del Consejo ha visto con desazón y pesimismo las propuestas de los republicanos. El Partido Comunista (PC), por ejemplo, dice temer que las ideas presentadas se traduzcan en un retroceso para los derechos y la democracia. Por otra parte, el Partido Socialista ha mostrado incomodidad y acusa que muchas enmiendas no reflejan las 12 bases del Acuerdo por Chile. ¿Cómo el Consejo llegó tan rápido a esta tónica de discusión?
Todo lo anterior es a lo menos llamativo si consideramos que el anteproyecto fue aprobado desde el PC hasta el Partido Republicano. Así, los expertos parecen haber logrado lo que los consejeros están lejos de conseguir: generar acuerdos que eviten los excesos ideológicos y decisiones sobre políticas públicas, manteniendo la sobriedad propia de una Constitución que busca arbitrar diferencias más que resolverlas. Cabe decir que, según el informe de participación ciudadana (Uch-UC), un 87% de los consultados se mostró a favor del anteproyecto.
¿Cómo lograr el equilibrio? En el caso de republicanos, debieran dejar de instalar enmiendas imposibles de asumir para la izquierda, pues puede generar una impresión de boicot, en donde, además, muchas de ellas son más bien materia de ley y otros meros guiños partisanos. Por su parte, la izquierda y centroizquierda que ya carga con el fracaso del proceso anterior (y que debe cuidar que su Presidente no sea la figura de dos procesos constitucionales rechazados), debiese evitar las amenazas y tender a los acuerdos en esta etapa venidera.
Ahora bien, quien tendrá un rol fundamental en la discusión (y, por tanto, en el resultado) es el otro sector de la derecha que podría o no entregar el quórum a las enmiendas desmedidas. En este precario equilibrio, ¿serán los consejeros capaces de redactar una Constitución sensata, representativa y que entusiasme a todos los sectores? Está por verse, pero algo es claro: el proceso anterior debería recordarnos la fragilidad de las mayorías circunstanciales.
