Perturbadores síntomas de salud institucional
Hay algo perturbador en el Consejo para la Equidad Social. Parte de la perturbación, creo, tiene que ver con el proceso que llevó a su creación y, más específicamente, con el papel que jugó la Iglesia Católica. No me refiero al clamor de un obispo por un «sueldo ético»: el obispo, como cualquier persona, tiene derecho a la libre expresión. El ejercicio de cualquier libertad, claro, implica riesgos. El obispo los corrió, situándose en un debate que lo dejó expuesto. Por ejemplo, a las críticas de una enérgica senadora economista. Pero allá él, estaba en su derecho.
Sí me refiero a lo que pasó poco antes del «sueldo ético», es decir, a la mediación del mismo obispo en el conflicto sindical de los subcontratistas de Codelco. No fue pecado de la Iglesia mediar en tan terrenal conflicto, pues nadie fue obligado a aceptarla. El pecado fue de la institucionalidad secular, incapaz de resolver el conflicto con sus propios mecanismos. Las instituciones no funcionaron. La intervención de la Iglesia reflejó un déficit institucional.
Ese déficit está en el origen del Consejo para la Equidad Social. ¿Podrá éste corregirlo? Difícil saberlo. Por lo pronto, el nombre que se le dio no es un buen augurio, ya que sugiere una contradicción. Como lo enseña Aristóteles en la «Ética a Nicómaco», el reino de la equidad es lo particular, los casos individuales. Es la aplicación de la justicia general contenida en las leyes a los casos particulares. Es la justicia de lo particular, no de lo general. Por esto, los protagonistas de la equidad no son los políticos, sino los jueces o árbitros. No puede haber, por tanto, equidad social o política, ya que la lógica de lo social y de la política es abstracta y general. La de la equidad, en cambio, es casuística.
Del Consejo se esperan criterios para redactar leyes. Como las leyes tienen que ser generales y abstractas, debería llamarse «Consejo para la Justicia Social». Pero esta justicia es de la esencia de la política, y para la política ya están los partidos y el proceso legislativo. ¿Por qué no se confió inmediatamente a ellos todo el asunto, sin esta instancia previa?
En democracia, son los partidos y el proceso legislativo los encargados de racionalizar y universalizar los intereses particulares, a fin de modelar la arquitectura general de una sociedad justa. Por lo mismo, son el gran antídoto contra el populismo y el corporativismo. Pero para esto deben ser fuertes y confiables. La creación del Consejo, sin embargo, refleja cierta desconfianza en ellos. ¿Déficit institucional en la médula de la democracia representativa? La sola pregunta perturba.
