Por cierto los jóvenes siempre quieren cambiar el mundo y no cabe duda que algo de eso está presente también en estos movimientos. Pero la verdad es que en las protestas que hemos visto hay mucho de interés puramente particular.
Los gobiernos deben lidiar habitualmente con muchos grupos de interés. Eso ha sucedido desde antaño. La particularidad de las sociedades modernas es la multiplicación de estos grupos. Los ciudadanos son atraídos por causas muy precisas que muchas veces están fuera de su ámbito más propio como puede ser el trabajo o el barrio. Detrás de este fenómeno se encuentra el fortalecimiento de la sociedad civil que permite canalizar a través de diversas formas intereses muy específicos. La paradoja es que esto diluye la fuerza de los grupos de presión tradicionales. Las organizaciones de trabajadores, por ejemplo, se han debilitado en el mundo entero. En parte porque éstos prefieren destinar su tiempo a esas otras instancias que crecen con vigor en la sociedad civil. Pero también porque los trabajos en el mundo de hoy se vuelven cada vez más complejos y las negociaciones salariales y laborales son crecientemente específicas al empleo realizado.
Pero este marco general no nos debe hacer olvidar que de tanto en tanto surgen esos grupos de interés tradicionales reivindicando esas antiguas movilizaciones que de repente, sin darnos demasiada cuenta, fueron desapareciendo de nuestra vida diaria. Algo de eso hemos sentido en estos días al ver a miles de estudiantes universitarios desfilando en las calles en distintas ciudades del país. Como estos jóvenes no están inscritos, los políticos son escasamente remecidos por estos movimientos. Pero más allá de eso ¿tienen razón estos estudiantes? Por cierto los jóvenes siempre quieren cambiar el mundo y no cabe duda que algo de eso está presente también en estos movimientos. Pero la verdad es que en las protestas que hemos visto hay mucho de interés puramente particular.
Las movilizaciones son explicadas por el rechazo que genera el proyecto de crédito universitario para las instituciones privadas de educación superior. Actualmente sólo existe un sistema de financiamiento para las universidades del Consejo de Rectores. En estas circunstancias las instituciones privadas de educación superior no pueden ser una oportunidad efectiva de estudio para jóvenes de ingresos medios y bajos. Y como las universidades tradicionales no pueden absorber a todos los jóvenes que quieren cursar estudios superiores, la situación actual impide una ampliación de las oportunidades. Al mismo tiempo, la ausencia de un sistema de financiamiento más general obliga a los estudiantes de pocos recursos a quedarse en instituciones tradicionales poco efectivas o de baja calidad. Este «proteccionismo» tiene un costo no sólo para estos estudiantes, sino que también para el país al mantener artificialmente baja la productividad del sistema universitario.
Aquí comienzan a hacerse evidente los intereses estudiantiles y más específicamente aquellos de las universidades tradicionales de baja calidad que ven en un sistema de financiamiento amplio una amenaza a su supervivencia. Pero ésta es necesaria si se quiere un sistema universitario más dinámico y productivo. Pero los estudiantes también perciben que este nuevo sistema de crédito se extenderá tarde o temprano a las universidades tradicionales. El crédito solidario, al que acceden los estudiantes de estas universidades, ha subido a la par en los últimos 15 años con la matrícula de pregrado. De este modo, el monto por estudiante se ha mantenido relativamente constante.
Sin embargo, los 135 mil estudiantes que no asistían a estas universidades hace 3 lustros provienen, en el margen, de familias de ingresos más bajos. La demanda por crédito para el alumno medio debería ser mayor ahora que en el pasado. Parte de esta potencial falta de recursos para crédito se ha suplido con becas, pero éstas han llegado de manera dispareja a las universidades. En algunas universidades la presión por nuevos créditos es, por tanto, mayor que en otras. Además, el crédito solidario involucra un importante subsidio para los jóvenes que acceden a él que fácilmente puede llegar al 40 por ciento del crédito otorgado, magnitud que supone que el crédito se paga y que hasta ahora no es del todo evidente. ¿Tiene sentido este importante subsidio? Las rentabilidades de la educación superior son extraordinariamente elevadas en nuestro país y todo indica que van a seguir siendo así por mucho tiempo. Esas rentabilidades son capturadas casi íntegramente por las personas que cursan estudios superiores. Por eso que no tiene ningún sentido otorgar subsidios de esta magnitud. Parece, entonces, razonable que el nuevo sistema de crédito se extienda también a los estudiantes de las universidades tradicionales. En principio estos créditos no serán subsidiados y se perseguirá su cobro.
Los estudiantes, sobre todo los futuros, ciertamente estarán menos contentos con este nuevo sistema de crédito. Pero en un país donde el egresado universitario obtiene un salario promedio que supera en más de cuatro veces el salario de una persona que egresa de la educación media parece una cuestión de justicia que pague los costos efectivos de su carrera universitaria. Más aún cuando en los países más desarrollados esta razón de salarios no llega a las dos veces. Por cierto, habrá algunos casos o carreras donde puede resultar socialmente provechoso establecer algún subsidio, pero éste no debería ser el caso general. Los estudiantes harían bien en reconocer esta situación.
