En su última cuenta pública, la Presidenta Bachelet anunció que a partir de 2016 dejaría gradualmente de utilizarse la Ficha de Protección Social (FPS) en la asignación de beneficios sociales. Este nuevo intento por reemplazar la FPS debiera evitar el énfasis excesivo en la elaboración del nuevo instrumento (termómetro que mide la fiebre), sino que poner igual acento en la oferta programática que se asigna de acuerdo con éste (tratamientos/remedios recetados a partir del diagnóstico). No se trata sólo de cómo calcular un puntaje y de contar con un sistema infalible que de una vez por todas contraste los antecedentes reportados por las familias contra registros administrativos. También es necesario tener plena conciencia de los incentivos que el mecanismo genera en su conjunto y poner atención a las formas de postulación y atención ciudadana. Dos ejemplos son ilustrativos de esto último.
A pocas semanas de lanzarse en 2012 el Bono a la Mujer Trabajadora, recuerdo haber hecho una acción tan imprescindible como temeraria: testear personalmente las plataformas de postulación. Sin mediar verificación alguna, al ingresar mi RUT en el sitio web que procesaría las postulaciones, se me informaba que mi puntaje superaba el umbral requerido y me invitaba a acercarme a mi municipalidad para “solicitar la revisión de la Ficha de Protección Social”. Es decir, antes de decirme que yo no era mujer, o que ganaba más de los 370 mil pesos mensuales, o que ni siquiera tenía una FPS, el sistema me rechazaba por culpa de mi puntaje y me invitaba a hacer las gestiones para bajarlo.
En la misma cuerda, cuando recién se implementaba el sistema FPS en 2007, recuerdo cómo nos culpábamos entre el Minvu y Mideplan de por qué un grupo de postulantes a vivienda no calificaba. “Vaya mejor a preguntar a Mideplan”, les decían en el mesón del Serviu. “No, si esto es culpa de Vivienda, allá le cursan la postulación”, respondían desde el mesón de enfrente. En el medio, un grupo de desorientados y a estas alturas molestos postulantes, a quienes nadie se atrevía a decirles que de acuerdo a los parámetros del programa, simplemente no calificaban.
Ambas anécdotas son reveladoras. Es entendible, por cierto, que el funcionario que se enfrenta a realidades tan difíciles tienda a empatizar con quien postula. Más aún si las restricciones (¿letra chica?) generalmente vienen desde Teatinos 120, hábitat de los “contadores sin corazón” del Ministerio de Hacienda y la Dipres, citando a un locuaz diputado de la República.
La pregunta es hasta qué punto las fallas en nuestro sistema de focalización responden al comportamiento estratégico de los livianamente llamados “falsos pobres” y cuánto se debe a conductas incentivadas desde el propio sistema público en razón de su aparente incapacidad de seguir y legitimar las normas que los mismos programas establecen.
A pesar de la intención declarada de avanzar en la universalización de algunos beneficios sociales, la necesidad y conveniencia de focalizar parte relevante de los programas nos acompañará por varios años. Así las cosas, si no abordamos este desafío desde una perspectiva integral, corremos el riesgo de ahondar en la deslegitimación de un sistema que muchas veces termina pasando a llevar la dignidad y expectativas de las personas.
