Para conseguir los votos que permitieran, en la Cámara de Diputados, aprobar la idea de legislar el proyecto de reforma de educación superior, el Gobierno prometió terminar con el Crédito con Aval del Estado.
Es una nueva oportunidad para repensar el sistema de financiamiento estudiantil de la educación superior. Creemos que la gratuidad universal es injusta, sobre todo en un país donde la desigualdad se explica en gran medida por los altos retornos promedio de la educación superior. En efecto, el premio salarial a la educación superior, medido como la razón de ingresos entre egresados de la educación superior y la educación secundaria, es de 2,8 veces en Chile, el más alto de la OCDE (el promedio es 1,5 veces). Además, Chile ha logrado un alto nivel de acceso a la educación superior, con una cobertura bruta de 52%, más alta que en varios países desarrollados y que en todos los países latinoamericanos. Si bien hay aún desafíos en la equidad de acceso, esto es cierto también para los quintiles más vulnerables.
Hay sistemas de financiamiento estudiantil, basados en la retribución, que son más justos. En 2012, el Presidente Piñera envió al Congreso una propuesta en esta línea, en cuyo desarrollo nos tocó participar. Formaba parte de un conjunto de iniciativas complementarias.
Se buscaba instalar un sistema de financiamiento único de becas y créditos no discriminatorio. Los beneficios se definían solo por origen socioeconómico y mérito académico de los estudiantes. A las instituciones se les exigía solo estar acreditadas. Complementariamente, a los pocos meses se envió una reforma del sistema de aseguramiento de la calidad que corregía las debilidades de la acreditación vigente. La oposición de ese momento no quiso deliberar sobre ninguna de estas iniciativas.
Se contemplaban becas para el 60% más vulnerable y créditos contingentes al ingreso hasta por el arancel de referencia. Solo el 10% de mayores ingresos quedaba excluido de ayudas estudiantiles, aunque extenderlo a ingresos más altos no contradecía el espíritu de la propuesta.
Un segundo pilar del sistema consistía en basar los aranceles de referencia no en una estimación indirecta de costos, como era hasta ese entonces y como se propone también para los aranceles regulados en el proyecto actual, sino que en el valor que agregaban a los estudiantes sus estudios, de modo que el Estado no financiara programas que no ofrecen buenas perspectivas laborales. Para estimar este valor agregado, propusimos partir de criterios objetivos como son los salarios y tasas de empleo esperadas para los egresados de cada programa, ajustados por la duración de la carrera, la tasa de deserción y la condición socioeconómica de los estudiantes. La propuesta contemplaba un mecanismo distinto de definición de aranceles para las carreras que generan bienes públicos que no se reflejan en ingresos, como las humanidades. El proyecto no fijaba los aranceles de las instituciones, pero sí, atendida la lógica de los nuevos aranceles de referencia, las obligaba a financiar la eventual brecha entre el arancel efectivo y el de referencia para los jóvenes de los tres primeros quintiles. Obviamente, este mecanismo no paga la inversión en investigación y desarrollo que hacen las instituciones. Pero, por su carácter público, no tiene sentido que esta sea de cargo de los estudiantes; la debe cubrir directamente el Estado. Para ello, la reforma contemplaba un nuevo sistema de financiamiento institucional más amplio y enfocado en resultados.
Por último, el crédito contingente sería financiado con fondos públicos. Esto obedecía a una estimación de costo efectividad. El egresado lo pagaba una vez que comenzaba a trabajar y por un máximo de 15 años. Si tenía ingresos inferiores a 8 UTM, no pagaba el crédito y luego subía gradualmente hasta un máximo de 10% de los ingresos. Las cuotas eran retenidas por el empleador, como lo son las cotizaciones previsionales y los impuestos a la renta, y enterados al fisco. Ello facilitaba la recuperación de los préstamos y la sostenibilidad del sistema de financiamiento estudiantil.
En resumen, un sistema como este tiene varios méritos: 1) La educación superior sería, de hecho, gratuita para los jóvenes de los tres primeros quintiles mientras estudian. 2) Se acabaría el sobreendeudamiento: los egresados a los que les va bien, no pagarían más que el 10%; los que les va mal, no pagarían nada; y además, el endeudamiento nunca superaría el valor agregado de los estudios. 3) El Estado no gastaría recursos en los estudiantes que provienen de hogares acomodados y ganarán altos ingresos. 4) Por último, este esquema permitía a los distintos gobiernos reflejar sus preferencias políticas por la vía de un ajuste de los parámetros del sistema, sin necesidad de atar de manos la autonomía de las instituciones de educación superior y la capacidad presupuestaria de los gobiernos futuros.
Para terminar, esta propuesta se basaba en un diagnóstico y tenía un norte claro, y sus distintos elementos respondían a ellos y no a las demandas puntuales de los distintos grupos de interés. Parece obvio, pero hoy se echa de menos.
