La conducta de negociación política en el Consejo responde a la lógica de juegos de suma cero. Con ello se incrementan los incentivos para la política adversarial y se hace más probable aquello que la mayoría quisiera evitar: un segundo proceso constitucional fallido.
Esta semana el Consejo Constitucional entró en una etapa decisiva: en sus cuatro comisiones se iniciaron las votaciones de las más de mil enmiendas presentadas por los consejeros al anteproyecto redactado por la Comisión Experta. La experiencia de la convención pasada enseña que durante estos días la ciudadanía se formará no sólo una opinión sobre el tenor de la propuesta constitucional que se presentará a votación en diciembre próximo; también se hará una idea sobre el estilo de actuación y negociación de los propios consejeros. Tanto el fondo –aquello que contemple la propuesta –como la forma –el estilo de negociación para llegar a esa propuesta– serán igualmente determinantes para el éxito de este segundo proceso constitucional.
En medio de la polarización de las elites políticas del país, los integrantes de la Comisión Experta mostraron que es posible superar una práctica política adversarial basada en la acentuación de las diferencias y la lógica de los juegos de suma cero, en que la victoria de unos es la derrota de otros, por una en que los actores son capaces de combinar el pragmatismo con la convicción reflexiva para llegar a acuerdos con adversarios políticos. Se trata de una práctica política que, además de productiva, es valorada por la ciudadanía. En efecto, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, un 59% de la población prefiere a consejeros que privilegien los acuerdo, aunque al hacerlo tengan que ceder en sus posiciones.
A pesar de la mayoría que tienen la derecha y centroderecha, entre los consejeros se intuye la importancia que tiene mostrarse abiertos a la búsqueda de acuerdos. Para alcanzarlos, han institucionalizado mecanismos para conversar y pactar. A comienzos de agosto crearon una mesa de coordinación apodada la “quinta comisión”, cuyo objetivo es encauzar entre las bancadas las negociaciones de las enmiendas. Esta semana establecieron además cuatro mesas de trabajo transversales, integradas por expertos y consejeros de izquierda y derecha, que proporcionará insumos y preacuerdos en las materias de mayores diferencias, los que además se acordó votar la próxima semana. A estos mecanismos formales se suma la suspensión por algunas horas de las sesiones, de modo de dialogar posibles redacciones comunes.
El establecimiento de estas instancias muestra una apertura al diálogo, pero no garantizan el que se llegue a acuerdos. Esto último depende también de la disposición para acordar expectativas compartidas, las que quedarán incorporadas en la propuesta constitucional, dejando fuera aquellas en que se esté en desacuerdo. Sin esta disposición, los diálogos serán un simulacro, una puesta en escena que estratégicamente las partes podrán usar luego para decir “hicimos lo posible”. Este estilo de negociación puede ser menos estrambótico que el de los convencionales, pero reproduce la comprensión de la política como un juego de suma cero que condujo al fracaso del proceso anterior.
Es aquí donde entra la importancia del fondo, es decir, aquello que se le propondrá a la ciudadanía como nueva Constitución. Por ejemplo, se asumió que muchas de las enmiendas presentadas tuvieron como fin satisfacer los impulsos identitarios de ciertos grupos de electores. Los consejeros del Partido Republicano confirmaron esta idea al desistir –por el momento– de algunas de las suyas, como la que elevaba los quórums de reforma constitucional, la que daba rango infraconstitucional a los tratados de derechos humanos y aquella que permitía la reclusión domiciliaria a mayores de 75 años. Se espera que esta decisión haga que los consejeros de izquierda flexibilicen sus posturas en asuntos como niñez y pueblos originarios. Sin embargo, el mismo jueves se aprobó en la comisión de derechos la enmienda republicana que exime de contribuciones a la vivienda principal, una iniciativa controvertida pues socava fuertemente el financiamiento de los municipios, beneficiando a las familias de mayores recursos. Esta enmienda provocó una fisura entre los consejeros de oficialismo y oposición, que también se observó en votaciones sobre justicia ambiental, cambio climático y probidad.
Las posibilidades de acuerdo en asuntos de máxima importancia no son remotas. Aunque los consejeros de centroderecha ingresaron una enmienda de unidad de propósitos que garantiza la libertad de elección entre aseguradores públicos y privados de salud, consejeros de RN-Evópoli presentaron una que establece un plan universal y solidario de salud, asunto que debiera ser valorado por los consejeros de izquierda. Pero por ahora, a pesar de los mecanismos e instancias de diálogo, la conducta de negociación política en el Consejo responde a la lógica de juegos de suma cero. Con ello se incrementan los incentivos para la política adversarial y se hace más probable aquello que la mayoría quisiera evitar: un segundo proceso constitucional fallido. Teniendo tan cercana la exitosa experiencia de la Comisión Experta, sería signo de una lamentable falta de capacidad de aprendizaje de nuestros líderes políticos.
