La única forma de fortalecer el alicaído sistema de partidos es mediante un Congreso eficaz y con mirada de futuro.
En otras columnas me he servido de un famoso pasaje que Michael Oakeshott escribió en 1956, con el objeto de enfatizar la importancia que tiene para cualquier comunidad política el respeto por las normas. Para el filósofo inglés, nada contradice más el espíritu de la negociación democrática que cambiar las reglas del juego, en especial cuando éste ya ha comenzado. Dice: “los jugadores en el curso de un juego podrán considerar nuevas tácticas, improvisar nuevos métodos de ataque y defensa, considerar cualquier estrategia para derrotar las expectativas de sus oponentes, excepto inventar nuevas reglas”.
Me temo que esto último está ocurriendo con demasiada frecuencia en Chile. Tomemos el ejemplo de los escaños reservados: a pesar de que el Capítulo XV de la Constitución señala que la Convención debe estar “integrada por 155 ciudadanos”, la oposición está intentando pasar “gato por liebre” y sumar a ese número ni más ni menos que 24 escaños para indígenas y 1 para afrodescendientes. Un asunto cuya definición fue inexcusablemente postergada hasta después de la elección del 25 de octubre.
Otro tanto ocurrió el lunes recién pasado cuando la diputada Camila Vallejo anunció que presentará una reforma para modificar el quórum de 2/3 en la Convención, apelando a que sea ésta la que los defina por mayoría simple. No sólo eso: en un video sostuvo que los convencionales serán “obligados” a tener “participación a nivel territorial”, única forma, según ella, de garantizar que el proceso no se quede entre “las cuatro paredes de la Convención”.
Ambas cuestiones no sólo van en contra de lo suscrito a partir de noviembre de 2019 y de lo que votamos en el plebiscito, sino que es un muy mal augurio de lo que puede acontecer el próximo año, una vez que la Convención comience su labor y se enfrente al Congreso en áreas que deberían ser prerrogativa exclusiva de los convencionales. Los parlamentarios no parecen entender el altísimo valor que le dio la ciudadanía a las reglas dictaminadas por la institucionalidad política. ¿Creerá la diputada Vallejo que un ejercicio de esta naturaleza es más “participativo” y “soberano” que la decisión tomada por los millones de personas que acudieron a las urnas a ratificar lo ya pactado? ¿Es legítimo que el Congreso “obligue” a los convencionales a tomar un determinado camino administrativo?
La única forma de fortalecer el alicaído sistema de partidos es mediante un Congreso eficaz y con mirada de futuro. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a parlamentarios más preocupados de conseguir pequeñas ventajas que de legislar racionalmente. La ciudadanía no es tonta: cuando la norma es conocida por todos, cualquier artilugio para cambiarla será considerado con suspicacia. El juego ya comenzó, dejemos que siga su curso.
