En 2013 el Congreso aprobó por unanimidad un cambio a la Constitución que establece el derecho universal a la educación parvularia a partir de los dos años. La evidencia señala que a partir de esta edad la educación parvularia de calidad tiene un impacto positivo en el desarrollo integral de un niño.
Existe consenso en que la inversión en educación temprana es la que tiene mayor retorno social.
Sin embargo, el proyecto de ley que materializa este derecho descansa hace tres años en el Congreso, sin avances. El Estado de Chile está en deuda con los niños que hoy no tienen acceso a lo que nuestra Constitución les garantiza. Este hecho llama a reflexionar sobre el sentido del debate constitucional, pues pareciera ser un asunto retórico cuando observamos que los cambios a la Constitución no se traducen a la realidad.
El acalorado debate sobre la gratuidad en la educación superior -a propósito de la Ley de Presupuesto- y la paupérrima inversión en educación parvularia reflejan la falta de intención política por avanzar efectivamente hacia una sociedad más equitativa.
