La gente está pidiendo a gritos ser protegidos. Basta de darse vueltas en medidas acomplejadas que terminan por justificar la violencia; no más de aquella falsa disyuntiva entre diálogo y orden público.
En la reciente encuesta CEP figura como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía la seguridad. La grave situación que se vive en el país ha llevado a que las máximas inquietudes sean -sin lugar a dudas- la delincuencia, el narcotráfico y la violencia. Es tanto así, que el 70% de las personas encuestadas identificaron al menos una de estas menciones dentro de los 3 principales problemas a los que el gobierno debiese dedicar su mayor esfuerzo.
Es importante destacar que estas cifras no solo han crecido bastante, sino que además esconden desigualdades que son bastante preocupantes. ¿Y es que quiénes son los que más piden ser protegidos? Las mujeres (con 2,5 puntos porcentuales adicionales a los hombres) y los segmentos socioeconómicos medios (4,5 puntos porcentuales adicionales a los sectores altos). Por su parte, a los jóvenes pareciera ser que estos temas les estaría preocupando bastante menos (10 puntos porcentuales menos que la media nacional).
Es desolador ver en esta última medición que, a pesar de que dos tercios de la población valora el orden público -incluso a cambio de tener que renunciar a libertades-, esta tarea ha quedando a merced de las instituciones que lideran la desconfianza ciudadana. A los partidos políticos, Tribunales de Justicia y el Ministerio Público se le suma la figura de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, quien obtuvo la mayor caída en su evaluación respecto de la medición anterior. ¿Estamos enfrentando una crisis de seguridad pública? Sería preocupante que las personas tengan que comenzar a tomar medidas por su propia cuenta.
Por su parte, el gobierno, en su primera cuenta pública, dando cuenta del aprendizaje que dejaron los graves traspiés de los primeros meses, anunció una reforma de Carabineros -desechando la ideológica opción refundacional-, un respaldo pecuniario al cuerpo policial, y una ley de “prohibición total” para la tenencia de armas. Esta última más bien es una distracción, pues las armas legales -aquellas que se pueden restringir- no son la mayor fuente de abastecimiento de las personas que están cometiendo delitos hoy en día. Por lo demás, es curioso que se dé premura a esta medida cuando existe un atraso en dictar un reglamento que permita reinscribir las casi 800 mil armas, y no se fortalezcan más aquellas medidas que posibiliten seguir la ruta del dinero para desbaratar las bandas de crímenes organizados.
Mientras tanto, lugares como la Macrozona Sur sufren. Ya se perdió tiempo valioso al no decretarse el Estado de Excepción desde el inicio del gobierno. Hoy, de no resolverse la situación y ante una eventual aprobación del texto constitucional -que no considera esta importante herramienta-, se corre el riesgo de no encontrar escapatoria.
La gente está pidiendo a gritos ser protegidos. Basta de darse vueltas en medidas acomplejadas que terminan por justificar la violencia; no más de aquella falsa disyuntiva entre diálogo y orden público. Tal y como dijo el padre del carabinero asesinado en Pedro Aguirre Cerda al Presidente: “hagan la pega”.
