Imagino que usted ha escuchado que nuestro país se ha llenado de farmacias. Efectivamente, las cadenas de farmacias han proliferado en diferentes barrios de Santiago y en diversas comunas a lo largo de Chile. Pero esta imagen es sólo una percepción que ignora el problema de fondo. Estados Unidos tiene 1.100 habitantes por farmacia. Chile tiene 9.438, Bolivia tiene 4.548 y Ecuador 2.303 habitantes por farmacia. Así estamos en esta materia los tigres de Latinoamérica. Quizá nuestras farmacias son más modernas, a lo mejor están bien ubicadas para nuestros estándares, pero nuestra realidad en esta materia deja mucho que desear. De hecho, en Chile existen más de 50 comunas que no cuentan con farmacias.
Los medicamentos OTC (“over the counter”) son aquellos que se venden sin receta médica. En Estados Unidos, Europa y una serie de otros países es común que usted pueda acceder a comprar estos productos en cualquier supermercado. Pero esto no ocurre en Chile. Si usted necesita un Parche León, un Paracetamol o un Calorub, necesita ir a una farmacia. Y si la señora Juanita añora una Aspirina C Limonada Caliente para paliar su resfrío en este mes de agosto, es de esperar que tenga una farmacia cerca.
Si bien el escándalo de colusión de las farmacias que se develó hace tres años dejó lecciones y mejoró nuestra institucionalidad de libre competencia, la verdad es que seguimos en deuda. Las farmacias son un mercado con tres cadenas que concentran casi un 90% de las ventas. No es necesario ser un experto en economía para adivinar que existen barreras de entrada. Tampoco necesita aplicar un modelo de Cournot o estimar las elasticidades de la demanda. Es evidente que una iniciativa que permita la venta de medicamentos OTC aumentará la competencia y bajará los precios.
Y si persisten dudas respecto de la venta directa de medicamentos OTC, en un trabajo académico se estima que en el año 2005 los medicamentos OTC en Chile eran tres veces más altos que en Estados Unidos (**). ¿Recuerda usted ese reportaje de Esto no tiene nombre, donde se explicaba cómo funcionaba la comercialización de una serie de estos productos? ¿No le parece a usted que desde una perspectiva pública hace todo sentido que, tomando los debidos resguardos, se permita la venta directa de estos medicamentos OTC?
Nuestra ley estipula que la comercialización de productos farmacéuticos y medicamentos “sólo podrá hacerse en las farmacias, las que deberán ser dirigidas técnicamente por un farmacéutico o químico farmacéutico”. Por consiguiente, en octubre del año 2010 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que autoriza la venta de medicamentos OTC en algunos establecimientos comerciales. La conveniencia pública de esta iniciativa escapa a cualquier análisis. Pero los honorables parlamentarios, las farmacias y el gremio de químicos farmacéuticos, amparado por el poderoso Colegio Médico, no piensan lo mismo.
De hecho, al doctor Enrique Paris, presidente del Colegio Médico, le preocupa mucho la automedicación. Y parece no confiar mucho en nosotros, los chilenos. Según el destacado médico, “en Chile, a diferencia de otros países donde se comercializan de esta forma los medicamentos, la gente se intoxica por la ingesta de éstos, por lo tanto, si se venden en supermercados, la gente va a pensar que es algo sin relevancia y los van a consumir libremente, lo que lógicamente podría aumentar el número de intoxicaciones”. También nos advirtió, contra el sentido común y la evidencia empírica, que tampoco hay claridad en que vayan a bajar los precios.
El Instituto de Salud Pública (ISP) define un estricto protocolo para los medicamentos OTC. Para éstos, el ISP exige una experiencia de uso como medicamento de venta libre en Estados Unidos o la Comunidad Europea de a lo menos cinco años consecutivos. Así, de un total de 15.651 medicamentos inscritos y vigentes, sólo un 17% son de venta directa.
Ahora veamos qué pasó con este loable proyecto de ley. En el largo y tortuoso proceso político, la iniciativa llegó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Aquí el proyecto se aprobó sólo por un voto. En la comisión constitucional tuvo mayoría, pero en nuestra Comisión de Salud -donde los intereses sectoriales y gremiales pesan fuerte- la moción fue rechazada. Pese a todo, el Ejecutivo llevó el proyecto a la sala con los informes de las comisiones. Las galerías del Parlamento estaban repletas de químicos farmacéuticos. Y los pasillos de asesores comunicacionales (hasta que no tengamos una ley de lobby, me niego a hablar de “lobistas”). El escenario en la sala no era favorable. El Ejecutivo, para no sufrir el rechazo que postergaría esta iniciativa de interés social por otro año más, simplemente optó por sacar el proyecto. En definitiva, después de dos infructuosos años de trámites, sólo queda volver a la carga.
Así como el doctor Paris cree que nos vamos a intoxicar con aspirinas, nuestros diputados tampoco parecen confiar en los chilenos. O mejor dicho, simplemente no han percibido cómo ha cambiado este país. La negativa ante esta ley es sólo otra prueba. Y el lamentable caso laboral del senador Navarro, junto al silencio de sus pares ante este abuso, es también emblemático en este sentido. El voto de aquellos diputados que se opusieron a esta iniciativa de clarísima conveniencia social es una evidente muestra de corrupción en su más amplio sentido republicano. El creciente y preocupante desprestigio del Congreso tiene sus causas. Sin necesidad de entrar en estos ejemplos, sólo basta con ver las encuestas para comprobar que la gente no es tonta.
(**) Danzon, P.M. and Furukawa, M.F. (2008) “International Prices and Availability of Pharmaceuticals in 2005”, Health Affairs 227 (1), 221-233.
Columna publicada en la sección de Negocios, del diario La Tercera del día 19 de agosto de 2012.
