En medio de la sensación de una ciudadanía movilizada y cuando muchos piden que sea ella la que decida cuestiones importantes mediante formas de participación «directa», es inevitable volver a enero de 1978:
«Frente a la agresión internacional desatada en contra del Gobierno de nuestra Patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile, y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país.» Debajo de esto, junto a una bandera chilena, la opción Sí, junto a un rectángulo negro, el No.
Lo sabemos: esa consulta fue una caricatura. Sin registros ni justicia electoral, sin partidos políticos ni libertad de prensa, sin democracia ni libertad política. Al fondo del hoyo negro de la dictadura.
Sin embargo, a pesar de todo, ella revela algunos riesgos permanentes de las formas directas de participación, sobre todo cuando ésta se hace sobre problemas nacionales, no locales o específicos, como por ejemplo, la densidad habitacional de una comuna.
Hay un riesgo obvio: la pregunta. ¿Quién y cómo la redacta? ¿Cómo se controla para evitar que una opción aparezca con la bandera chilena y la otra con un rectángulo negro? ¿Cómo se reduce y sintetiza la complejidad que, por su escala, suelen tener los problemas nacionales?
Otro riesgo obvio: las formas directas de participación amenazan con hacer irrelevantes las instituciones de la democracia representativa. Es difícil recuperarse del asombro al oír, hace algunos días, a parlamentarios pidiendo que el problema de la educación no se lleve al Congreso, porque éste no estaría legitimado, como la ciudadanía, para encontrarle solución.
Pero hay un riesgo menos obvio y, quizás, por lo mismo, más insidioso. Las formas directas de participación se basan en una operación binaria: sí/no. No hay términos medios, no hay matices. Es negro o blanco, sin espacio para la casi infinita escala de grises por la que transita la vida.
Esa escala se puede capturar en la deliberación propia de los órganos de la democracia representativa, dedicados profesionalmente a la política, y por medio de los procedimientos que dan forma a esa deliberación y a las decisiones que tras ella se toman. En el claroscuro de un plebiscito, la escala se borra.
¿Quiere decir esto que podemos despreocuparnos de la cercanía entre las decisiones políticas y la ciudadanía? Por supuesto que no. Al contrario, justifica la mayor de las preocupaciones, y en Chile ha llegado el momento de preocuparse en serio. ¿Cómo?
Mejorando las instituciones de la democracia representativa: conectando mejor a los partidos con la ciudadanía, reforzando su democracia interna y condicionando su financiamiento público a que lo cumplan, inscribiendo automáticamente a todos los chilenos, reemplazando el sistema binominal por uno que combine mejor representatividad y gobernabilidad (¿uninominal?), derogando los quórum que exigen más de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio para dictar las leyes, eliminado la reelección indefinida, facilitando las donaciones a la política por personas naturales, reforzando el Servicio Electoral, reduciendo los poderes del Tribunal Constitucional.
Éste es el camino, no el espejismo de la participación directa con sus muchas caras: plebiscitos, primarias respaldadas por el Estado para todos los cargos de elección popular, telefonazos a lo «Barrancones» e, incluso, los «cara a cara» como el de ayer en La Moneda.
