Salvo por la necesidad de proteger datos personales, el principio general respecto de la información educacional que recolecta o genera el Estado debería ser su divulgación en todas las formas posibles. Sin embargo, la realidad es que los resultados de los distintos planteles escolares no son informados a la opinión pública. Tampoco los desempeños por dependencia. En este caso, son apenas brechas, y respecto de ellas se intenta demostrar, aunque no se logra completamente, que ellas se explican solo por la distinta composición socioeconómica de los estudiantes.
Sin embargo, para cualquiera que se haya detenido en el pasado, cuando se entregaba por establecimiento, a escudriñar la información, el aspecto más interesante era la enorme heterogeneidad de logros de aprendizaje, incluso en establecimientos que educaban a niños o jóvenes de características similares. Ese hecho genera un debate relevante en la opinión pública y en las diversas comunidades educativas, que no se debe desalentar.
Solo razones muy poderosas deberían impedir la divulgación comprehensiva de información. Se ha dicho que ello puede crear estigmatización. Pero no es muy claro en esa argumentación a quién se estigmatiza y por qué. Si bien este planteamiento se hace en distintas latitudes, la verdad es que la evidencia empírica para sustentarlo es débil, por no decir inexistente. Siempre se podrá acudir a anécdotas, pero ellas no deberían impedir que prospere el principio general. Las agencias públicas y los expertos no deberían sentirse con el derecho de «secuestrar» información potencialmente valiosa para la discusión educacional.
