La ciudadanía estará atenta y sensiblemente dispuesta al reconocimiento de sus propuestas o a la justificación argumentada de su exclusión.
Una fuente de legitimación democrática relevante del proceso constitucional es la presentación, votación y discusión de las iniciativas populares de norma. Entre el 7 y 21 de junio se presentaron, y desde 23 de junio al 7 de julio se votó por ellas. 31 alcanzaron los 10 mil apoyos requeridos para ser discutidas por el Consejo.
En el proceso constitucional anterior, el período de las iniciativas populares de norma (diciembre 2021 a inicios de febrero 2022) fue un momento de cercanía entre la ciudadanía y el trabajo de la Convención. En análisis digitales efectuados por el CEP, las sensaciones positivas hacia el proceso crecieron y llegaron a superar experiencias negativas iniciales. Esta buena disposición acercó a quienes empujaron iniciativas, a los que votaron por ellas y a quienes se sintieron interesados incluso sin votar. Como esquema de participación, el proceso fue un éxito.
El problema vino después, cuando el trabajo del pleno sobre las iniciativas no estuvo a la altura de las expectativas generadas. La Convención dedicó poco tiempo a su discusión y la forma en que comunicó su tratamiento fue confusa y desprolija. Las sensaciones negativas hacia el proceso volvieron entonces a crecer.
En el proceso actual, de las 31 iniciativas por sobre 10 mil apoyos, la más votada es la de protección de animales sensibles, seguida de cerca por la incombustible «Con mi plata no». Pero más allá del número de apoyos, lo importante son los temas. Hay seis iniciativas sobre salud y cuidados (de niños, mayores y personas con discapacidad).
Si estas se consideran como derechos sociales, habría que agregar dos más (una sobre educación pública y otra sobre vivienda). Hay también cuatro sobre cuestiones de seguridad pública, y dos sobre temas de agua, sindicalización, propiedad de fondos previsionales y libertad religiosa. Otros temas van desde equidad de género y paridad hasta la cobertura financiera de bomberos. El espectro es amplio, pero perfectamente abordable.
El Consejo Constitucional debe ahora darse el tiempo para discutir con detención estas iniciativas. Tras ellas hay esperanzas y miedos; no extravagancias. Son un insumo preciado para cualquier proceso político, más para uno constitucional. Asimismo, es fundamental que el Consejo no escatime esfuerzos en comunicar adecuadamente el tratamiento de las iniciativas y en explicar las razones por las que son incorporadas o no en la propuesta constitucional. No bastará informar el resultado de una votación; tampoco una declaración general del tipo “gracias por participar”.
Como antes, la ciudadanía estará atenta y sensiblemente dispuesta al reconocimiento de sus propuestas o a la justificación argumentada de su exclusión. Considerando el bajo interés general en el proceso constitucional, hacerlo mal ahora reforzará esa tendencia, pero hacerlo bien puede ser el punto de inflexión hacia un mayor compromiso ciudadano con el proceso.
