Resumen Ejecutivo:
- En este documento reunimos los diagnósticos y propuestas del Centro de Estudios Públicos sobre modernización del Estado realizados entre 1989 y 2026. Su objetivo es identificar los avances logrados y las medidas que ayudarían a mejorar la efectividad del Estado. Partimos de la premisa de que la modernización busca construir un medio adecuado para que las personas realicen sus diversos proyectos de vida en el marco de un régimen democrático, y que la efectividad estatal es condición necesaria, aunque no suficiente, para ese fin.
- En la primera parte sostenemos que la modernización del Estado sigue pendiente porque, si bien han existido avances, ellos han respondido a escándalos, crisis de gestión y restricciones fiscales, más que a una visión integral sobre cómo deben ser y operar las reparticiones públicas. Así, se han introducido una serie de reformas compartimentadas que no han resuelto los problemas que afectan la calidad de los servicios, la confianza ciudadana y la legitimidad democrática.
- Para avanzar hacia una agenda sistémica y recuperar la confianza ciudadana, identificamos nueve principios que debieran orientar una estrategia de modernización estatal. Asimismo, destacamos cinco herramientas con las que el Estado podría cumplir mejor los objetivos planteados: los instrumentos de coordinación institucional, incluidos el uso y la integración de sus datos; el empleo público; los jefes de servicio y la Alta Dirección Pública (ADP); las municipalidades; y una regulación simple y eficiente. Ninguna de ellas opera hoy como debiera, y la mayoría de las medidas que proponemos en este documento buscan precisamente perfeccionarlas.
- Para reforzar la efectividad del Estado, en la segunda parte del documento identificamos 60 medidas viables aún pendientes de legislación o implementación total o parcial. Sus objetivos transversales son profesionalizar la gestión; fortalecer la responsabilidad y la rendición de cuentas; mejorar la calidad del gasto; y dar mayor flexibilidad al Estado, con los consiguientes resguardos a la probidad y a la sostenibilidad fiscal. Ordenamos esas medidas en diez ejes: la estructura y organización del Estado; el empleo público; la ADP y la gestión directiva; la descentralización y los gobiernos subnacionales; el gasto público, el presupuesto, la evaluación y los datos; la probidad y la transparencia; la regulación y los permisos; la justicia; la educación, la salud y la vivienda; y las empresas públicas.
- Las instancias asesoras vigentes que ha convocado el gobierno de José Antonio Kast cubren solo parte de esos desafíos y, aunque el Ejecutivo impulsa proyectos y medidas en otras materias, estos no responden a una agenda común.
- La reducción del número de ministerios es una prioridad declarada del gobierno. Si bien sostenemos que la reestructuración ministerial debiera ser una medida de ultima ratio, proponemos criterios y una guía de referencia para que, si se avanza en esa dirección, las fusiones sean coherentes con la experiencia comparada.
- La modernización del Estado requiere integrar las reformas de personas, instituciones, recursos y servicios, atendiendo a una mirada comprehensiva y coherente. De poco sirve fusionar ministerios si la descoordinación se reproduce al interior de las nuevas carteras, o reformar el Estatuto Administrativo si los directivos de servicios técnicos siguen sujetos a la confianza política del gobierno de turno. Solo una agenda sistémica permitirá fortalecer la capacidad de la democracia para responder a los problemas de la ciudadanía y, con ello, resguardar su legitimidad.
