El mercado laboral chileno atraviesa una situación de debilidad persistente, acumulando 43 meses consecutivos con una tasa de desempleo por sobre el 8%, situándose actualmente en un 9,5%, lo que se traduce en cerca de un millón de personas que no encuentran trabajo. Esta crisis afecta de manera especialmente aguda a las mujeres y a los jóvenes, mientras que la tasa de ocupación agregada aún no logra recuperar sus niveles previos a la pandemia. A este rezago, que posiciona al país por debajo de la recuperación observada en la OCDE, se suma una menor capacidad de la economía para crear puestos de trabajo por cada punto de crecimiento del PIB, coincidiendo además con un aumento sostenido en los costos laborales.
Frente a este escenario, la posibilidad de implementar una política expansiva tradicional para fomentar el empleo se encuentra severamente limitada por la estrechez fiscal. La deuda bruta del gobierno central se acerca rápidamente al nivel prudente del 45% del PIB, los ahorros del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) han caído a niveles mínimos, y el estricto cumplimiento de la meta de balance estructural restringe el crecimiento del gasto público para 2027 a un acotado rango de entre 1% y 2% real. Sumado a que el 83% del presupuesto base ya está comprometido por leyes permanentes, la respuesta de política pública debe descansar en reasignaciones dentro del margen flexible y, fundamentalmente, en medidas no presupuestarias de gestión, destrabe regulatorio y eficiencia normativa.
Para enfrentar esta coyuntura, se propone una agenda urgente estructurada en cuatro ejes de acción:
Eje I. Un Presupuesto Pro Empleo
1. Aumentar la inversión pública.
2. Proteger la ejecución de la inversión.
3. Automatizar la identificación de proyectos.
4. Mejorar la gestión contractual.
5. Priorizar carteras de rápida ejecución en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
6. Agilizar la ejecución de los Gobiernos Regionales (GOREs).
7. Ampliar turnos en obras públicas.
8. Reestimar los parámetros de impacto en empleo de la inversión pública.
9. Ampliar los programas de empleo de coyuntura.
10. Focalizar el apoyo al microemprendimiento.
11. Al menos mantener el aumento de recursos del Programa 4 a 7
Eje II. Más Certeza Regulatoria y Más Flexibilidad
12. Agilizar y dar mayor certeza en la autorización de jornadas excepcionales.
13. Avanzar en mayor certeza y racionalización en la aplicación de la Ley Karin.
14. Otorgar certeza jurídica a la polifuncionalidad.
15. Simplificar trámites para el trabajo agrícola adolescente de temporada.
Eje III. Mayor Agilidad para la Contratación
16. Implementar eficazmente el Subsidio Unificado al Empleo (SUE).
17. Utilizar el subsidio a la contratación del SENCE mientras el SUE alcanza su actividad en régimen.
18. Articular activamente el ecosistema de intermediación por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
19. Potenciar el uso y herramientas de las bolsas de empleo electrónicas.
20. Optimizar el uso del 2% del Seguro de Cesantía.
21. Vincular la franquicia tributaria SENCE a las prácticas de alumnos en formación técnico-profesional.
Eje IV. Máxima Prioridad para Leyes Pro Empleo
22. Aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal.
23. Aprobar el proyecto de Estatuto laboral para el turismo y adaptabilidad de jornada.
24. Avanzar en el proyecto de Contrato por horas.
25. Sancionar el uso indebido de licencias médicas.
En conclusión, enfrentar la debilidad coyuntural del mercado laboral exige una respuesta inmediata que reconozca los estrictos límites del gasto fiscal y asigne al Estado un rol de facilitador más que de mero financista. La implementación ágil de esta agenda —centrada en destrabar inversiones, priorizar recursos, entregar certeza normativa y agilizar los subsidios al empleo— resulta indispensable para estimular la contratación formal en 2027. Ello deberá operar en paralelo a una agenda de largo plazo que enfrente los desafíos estructurales de la productividad, el cambio demográfico y la automatización tecnológica.
