En palabras del estudio «Autonomía de la Administración Tributaria», la configuración actual del Servicio de Impuestos Internos plantea desafíos en términos de su independencia respecto al poder ejecutivo, de manera de garantizar a los contribuyentes que sus actuaciones no dependerán o estarán influenciadas por el gobierno de turno.
- En las últimas décadas se ha observado una clara tendencia hacia una mayor autonomía de las Administraciones Tributarias (AT), manifestada en la adopción de organismos semiautónomos para su gestión. Esta autonomía posibilita una mayor rendición de cuentas y el desarrollo de capacidades de gestión, lo que a su vez se espera que conduzca a un mejor desempeño institucional.
- En Chile, la discusión sobre la autonomía de la AT adquiere relevancia en el contexto del Pacto Fiscal por el Desarrollo. Uno de los objetivos principales de este es fortalecer el cumplimiento tributario, combatiendo la evasión y elusión fiscal, mediante la ampliación de las facultades de fiscalización del SII. La configuración actual de este organismo plantea desafíos en términos de su independencia respecto al poder ejecutivo, de manera de garantizar a los contribuyentes que sus actuaciones no dependerán o estarán influenciadas por el gobierno de turno.
- El análisis comparado de las AT revela que el 68% de los países de la OCDE cuentan con organismos semiautónomos, mientras el resto corresponde a departamentos dentro del ministerio u otro arreglo institucional. Dentro de este grupo de naciones, aquellas que muestran los niveles más altos de autonomía son las que tienen organismos semiautónomos con consejo superior.
- Dado que la autonomía no solo se refleja en el arreglo institucional de las AT, sino también en una serie de otros factores, como el marco de gobernanza, se realizó un análisis detallado de cinco jurisdicciones. De este análisis se desprende que los países utilizan algunos instrumentos que promueven una mayor autonomía de la institución. Entre ellos destacan: i) la existencia de un consejo superior que puede incluir representantes del sector privado y puede ser consultivo o con poder de toma de decisiones (Reino Unido, Canadá, España), ii) limitaciones para nombrar o destituir al director general (Estados Unidos, Australia), iii) la existencia de un organismo de auditoría externa que supervisa a las AT (Estados Unidos, Australia). Considerando el caso chileno, incorporar algunos de estos aspectos ayudaría a aumentar la autonomía de nuestra AT y así dar garantías a los distintos sectores de un funcionamiento efectivo y justo del sistema tributario.
