El proyecto de ley que modifica la regulación del transporte de electricidad busca transparentar y simplificar los mecanismos de remuneración de la transmisión, mejorar los incentivos a la inversión en capacidad de generación eficiente y así bajar los precios que pagan los usuarios. Con este objetivo, el proyecto del gobierno propone un sistema de estampillado en que la remuneración de la transmisión se asigna en función del consumo de energía pero independiente de la distancia que ésta recorre y del uso efectivo de las redes. Además se asigna todo el costo a los consumidores.
La ubicación relativa entre las fuentes de generación y los puntos de consumo es un determinante importante del costo de un sistema eléctrico. A pesar de ello, promotores del esquema estampillado sostienen que la oposición de las comunidades a los proyectos de generación ha vuelto las señales de localización un atributo insignificante en las decisiones de inversión, lo que justifica no considerarlas en el nuevo sistema de remuneración. Más importante que las señales de localización, sería profundizar la competencia a través de la concreción de proyectos.
Sin embargo, un sistema estampillado no tendrá un efecto procompetitivo que compense los mayores costos del sistema. Debe ser el aumento de la oferta de generación, a través de la planificación y manejo efectivo del territorio, la que profundice la competencia y logre precios más competitivos. Las señales de localización son condición necesaria de expansión eficiente, especialmente por los altos requerimientos de transmisión de las tecnologías intermitentes.
En el esquema estampillado propuesto en el proyecto de ley, todo el cargo de transmisión se asigna a los consumidores finales. No es cierto que en el esquema actual un generador pueda traspasar todo el peaje que le toca a los consumidores por lo que el cambio propuesto implicará importantes transferencias de riqueza de consumidores a empresas. El estampillado establece un subsidio desde los consumidores a proyectos de generación ineficientes aumentando así los costos del sistema. Por tanto, serán los clientes finales que pagarán todo el costo de un sistema más caro.
Finalmente, existen mecanismos de remuneración más eficientes que el estampillado a la demanda y que pueden contribuir significativamente a la simplicidad de la remuneración de la transmisión respecto del sistema actual. De persistir el esquema postulado en el proyecto de ley, serán los usuarios finales quienes deberán asumir los mayores costos en desmedro de su bienestar y de la competitividad del país.
