Síntesis
Muchas inversiones de infraestructura necesaria para el desarrollo enfrentan un importante problema de oposición local. Siendo proyectos necesarios para el progreso de la sociedad, éstos producen molestias a las comunidades y personas que deben compartir el territorio con ellas, por lo que su materialización es resistida y su instalación suele ser controvertida.
En la experiencia internacional, las propuestas respecto a cómo resolver esta oposición típicamente incluyen mecanismos de transferencias económicas y participación en los beneficios o en la propiedad del proyecto, que los proponentes o el resto de la sociedad (a través de mecanismos redistributivos) pueden ofrecer a la comunidad receptora de la instalación como una forma de compensarla por albergar las obras. Menos a menudo se incluyen en el análisis mecanismos de participación ciudadana para proveer a los habitantes locales de información y de una instancia para exponer sus aprensiones respecto al proyecto y, potencialmente, influir en el diseño del mismo o incluso en su operación, permitiendo por ejemplo, a la autoridad local detener el funcionamiento de la planta en caso de accidentes o mal funcionamiento.
Analizamos bajo qué condiciones estas alternativas pueden, efectivamente, subsanar o reducir la oposición local a las instalaciones potencialmente molestas. Un estudio tanto de la teoría como de la evidencia disponible nos llevan a concluir que el énfasis en las compensaciones materiales es sólo parcialmente correcto. Si bien éstas pueden funcionar, su efectividad depende crucialmente de cómo son diseñadas y establecidas. Por otra parte, la participación ciudadana centrada en transferir información a la comunidad sobre la necesidad y seguridad de los proyectos no tiene efectos reales en la aprobación de los proyectos en ausencia de instancias en que las comunidades tengan la posibilidad de incidir en aspectos del diseño y la localización de los proyectos.
En línea con lo anterior, encontramos que se suele omitir la forma en que la ubicación de las inversiones es decidida. Argumentamos que esto es un error y que un sistema apropiado para resolver el problema de la oposición local comienza con un adecuado proceso de ordenamiento territorial a distintas escalas, con adecuadas instancias de participación y centrado en la construcción de consensos. Para esto, en este trabajo hacemos una propuesta de institucionalidad que apunta a viabilizar tanto inversiones locales como las que requieren de continuidad suprarregional, junto a un sistema de compensaciones económicas adecuadas y pensadas para mejorar la aceptabilidad de los proyectos en lugar de reducirla.
Resolver el problema de la oposición local a inversiones molestas no es sencillo. Coordinar el desarrollo de obras de infraestructura y distribuir geográficamente sus costos en forma relativamente equitativa es un desafío que cobra mayor importancia a medida que el desarrollo económico modifica la forma en que las comunidades y la sociedad perciben los costos asociados y priorizan sus preferencias. Las potenciales soluciones exploradas en este documento nos parecen, al mismo tiempo, coherentes y factibles para enfrentar este importante desafío de política pública.
