El 16 de enero pasado, la Presidenta de la República recibió los dos informes que encargó sobre la etapa «participativa» del proceso constitucional que su Gobierno viene impulsando. Dicha etapa participativa estuvo compuesta por: la Consulta Individual, Encuentros Locales Autoconvocados (ELA), cabildos provinciales y cabildos regionales. Todos se llevaron a cabo durante el año 2016.
Uno de esos dos informes fue entregado por el Comité de Sistematización y otro por el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), dos órganos creados por el Gobierno, uno para procesar la información generada en la etapa participativa y el otro para velar por el «correcto desempeño» del proceso.
Parto de la base que, como afirma el informe del CCO, el proceso en general se desempeñó en forma «correcta». Desde el punto de vista de la utilidad de sus resultados, sin embargo, la respuesta no es tan categórica. El Gobierno ha expresado su intención de que estos resultados «incidan» en la generación de una posible Constitución futura. Mi idea es que esto será especialmente difícil. Y creo que esta especial dificultad tiene que ver con el diseño metodológico que hizo el Gobierno y con la forma en que se sistematizaron los datos, particularmente los que tienen un carácter más cualitativo.
Este argumento se desarrolla en los siguientes pasos. Primero (I) se describe sintéticamente la forma de la etapa participativa, y se hace una referencia al Comité de Sistematización y al CCO. Segundo (II) se hacen algunas observaciones cuantitativas de dicha etapa. Tercero (III) se enuncian los problemas en la metodología que el Gobierno diseñó para ella. Cuarto (IV) se hace una referencia al Comité de Sistematización y al problema de la sistematización de los datos contenidos en las actas, en especial de los «fundamentos», es decir, el aspecto más cualitativo de la sistematización. Por último (V) se avanzan algunas conclusiones.
Antes de empezar es importante que declare que fui uno de los 15 miembros del CCO. Casi sobre decir que hablo a título personal, sin pretender representarlo de forma alguna. Mal podría hacerlo, por lo demás, ya que el CCO dejó de existir junto con la entrega de su informe a la Presidenta de la República. Asimismo, anticipo que las críticas que aquí avanzo no presuponen en absoluto que este proceso haya sido algo fácil de hacer y sistematizar. Por el contrario, no había precedentes en Chile, al menos no de la envergadura y características que el proceso tuvo. Algunas de estas críticas fueron observadas en su momento por el CCO y así se deja constancia en este texto. Otras no fueron advertidas, la mayor parte de las cuales escapaban de la competencia de dicho organismo. Otras, en fin, se hicieron aparentes una vez concluida la etapa participativa.
El objeto de este trabajo es llamar la atención sobre el enorme desafío que enfrenta quien intente traducir los resultados de la etapa participativa en disposiciones constitucionales. Y, también, ayudar a que esta experiencia sirva de aprendizaje en el evento de futuros ejercicios de participación orientados a incidir en la generación de normas jurídicas.
