Cuotas obligatorias de alumnos “vulnerables” en la educación subvencionada: Un diagnóstico

El proyecto de ley que modifica la ley de Jornada Escolar Completa introduce una nueva exigencia para los establecimientos que reciben aportes del Estado: que un 15% de sus alumnos «presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y familiar». Esta medida presenta problemas prácticos para su implementación. El mayor radica en la dificultad que enfrentará 25% de las escuelas para cumplir la cuota, ya que está en zonas donde hay menos de 15% de alumnos vulnerables.

El proyecto de ley no define el criterio de vulnerabilidad que se utilizará. Con todo, se ha evaluado el alcance de esta medida suponiendo que el alumno vulnerable es aquel cuya madre tiene educación básica incompleta y cuyo ingreso en el hogar es menor a $100.000. Bajo este criterio se encuentra el 18% de los alumnos de escuelas particulares subvencionadas y municipales de cuarto básico que rindieron el SIMCE en 1999.

Los establecimientos de cada dependencia no se distribuyen homogéneamente en el país. Por ejemplo, mientras las escuelas dependientes de DAEM están mayoritariamente en zonas vulnerables, los particulares subvencionados con financiamiento compartido se ubican preferentemente en zonas no vulnerables. Estas diferencias de ubicación explican en una parte importante la diferente concentración de alumnos vulnerables por dependencia.

En la actualidad, en zonas urbanas, un 47% de los establecimientos «cumplen la cuota», pero esa proporción no es igual en cada dependencia: un 75% de los DAEM, 51% de los establecimientos de corporaciones municipales, 44% de los particulares subvencionados gratuitos, 8% de los particulares con financiamiento compartido y menos de 1% de los particulares pagados «cumplen la cuota». En zonas rurales, el porcentaje de establecimientos que «cumplen la cuota», tanto total como en cada dependencia, aumenta significativamente.

El 67% de los establecimientos que «no cumplen» con la cuota está en zonas en donde, por definición, no todas las escuelas van a poder «cumplirla». Esto ya que se ubican en zonas donde hay menos de 15% de alumnos vulnerables. Estos establecimientos representa a un 25% del total de establecimientos municipales y particulares subvencionados.

Redistribuir a los alumnos vulnerables no es un buen camino para mejorar sus oportunidades de acceder a una buena educación. Si aún así, se quisiera reasignar a estos alumnos, esta medida afectaría a un número muy reducido de niños. Esto ya que, si se llevara a la práctica, los alumnos que se desplazarían de establecimientos que «cumplen la cuota» y les «sobran» alumnos vulnerables a aquellos que no «la cumplen», en las zonas donde hay más de 15% de alumnos en tal situación, corresponde a alrededor del 5% de los estudiantes vulnerables. Estos significan el 1% de la matrícula de establecimientos municipales y particulares subvencionados. Si a estas consideraciones se añaden los problemas constitucionales y sus mínimos efectos educacionales, bien valdría revisar cuidadosamente esta medida, antes de implantarla a nivel país.