Discrecionalidad administrativa y nuevas limitaciones a los derechos de agua

El Proyecto de Ley que modifica el Código de Aguas establece nuevas y amplias facultades discrecionales para la Administración, limitando por ley simple el libre acceso a los derechos de aguas.

Existen aspectos claramente criticables del proyecto, tanto en un debate de ideas como desde el punto de vista de la coherencia de la disciplina del derecho de aguas.

Respecto de las aguas subterráneas establece nuevas limitaciones a la adquisición. Además crea nuevas potestades discrecionales para la autoridad.

Hay evidencia disponible de los graves problemas del aprovechamiento de las aguas subterráneas, pero el Proyecto aborda parcial y fragmentariamente un tema que merece un tratamiento sistemático.

Respecto del medio ambiente, incorpora facultades para la Dirección General de Aguas, lo que es incoherente con el principio de la coordinación administrativa.

Respecto de embalses construidos por el fisco, se insiste en darle potestad a la Dirección General de Aguas para constituir derechos de aprovechamiento de aguas en tales «embalses estatales» (sic), a pesar de que ellos deben ser adjudicados a los usuarios.

Establece el pago de patentes por la no utilización de las aguas, y con ello se amenaza el papel actual del mercado (esto es, las decisiones espontáneas y descentralizadas de los particulares) como instrumento de reasignación del recurso. Implica alterar el modelo vigente de protección de la decisión espontánea del particular.

El Proyecto implica más burocracia en la determinación administrativa del «no uso».

Establece limitaciones a la adquisición de derechos de aprovechamiento de aguas, esto es, al acceso a través de nuevas potestades discrecionales obligando a cada peticionario a acompañar «una memoria explicativa en la que se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer, según el uso que se le dará».

Establece una reserva inconstitucional, dirigida «para el abastecimiento de la población», ante lo cual puede disponer el Director General de Aguas la denegación total o parcial de una petición.

Establece el Proyecto la aplicación retroactiva de la nueva ley, a las solicitudes en trámite. Esta cláusula es claramente abusiva, pues implica una invalidez formal y sobrevenida de la solicitud original.

El autor postula la necesidad de un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Uno de los temas que contiene el proyecto fue abordado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1997, y ello se hizo teniendo a la vista una redacción y unas disposiciones distintas a las que se observan en la actual redacción del Proyecto de Ley, al que se le incorporan aspectos aún más gravosos que los que se observaban a esa fecha.