Proponemos una agenda de reformas para hacer frente a los problemas que tenemos en Chile relativos al régimen actual de control disciplinario sobre las infracciones a la ética profesional de los abogados.
Este texto tiene por objetivo proponer una agenda de reformas para hacer frente a los problemas que tenemos en Chile relativos al régimen actual de control disciplinario sobre las infracciones a la ética profesional de los abogados y su repercusión en la formación de quienes estudian la carrera de derecho. El trabajo diagnostica el estado de esta materia hoy en Chile; en tanto, por una parte, se encuentra en estado de ebullición (denuncias e investigaciones de alto impacto público en contra de fiscales del Ministerio Público y jueces por faltas a la probidad) y, por otra, tiene un carácter acotado a vulneraciones al derecho cometidas por abogados en el ejercicio de la profesión (en contraste con la generalizada y ya tradicional crítica a las competencias técnicas de los abogados). Hasta el momento, la respuesta gubernamental y judicial ha estado puesta exclusivamente en el último peldaño, el sistema de nombramiento de jueces y fiscales, pero no ha prestado atención a las etapas previas de educación de los futuros abogados en los estándares de conducta profesional ni en el control disciplinario frente a conductas antiéticas cometidas por los abogados en general —un universo de profesionales considerablemente más numeroso que el de jueces y fiscales—. Por lo anterior, en un escenario marcado por dos constantes (la afiliación voluntaria y la masificación de la profesión legal), se avanzan posibles soluciones frente a esta coyuntura: la introducción de requisitos formativos en ética profesional y la reforma de la actual regulación de la ética profesional aplicable al ejercicio de la abogacía en Chile.
La línea argumental de este artículo se despliega de la siguiente forma. Primero (1.) se describe lo planteado públicamente sobre la abogacía durante 2019 y se sitúa en su contexto histórico, pues no es primera vez que se traba un debate público sobre esa profesión. Luego (2.) se da cuenta de los problemas de la regulación en materia de ética de la abogacía. Estos problemas se han expresado en una legislación confusa, una errática práctica jurisprudencial y cuestionamientos por parte de la literatura. Las consecuencias de dichos problemas lesionan, entre otros, el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, la efectividad de los mecanismos de responsabilidad profesional, la certeza jurídica para los prestadores y usuarios de servicios legales y la formación de los abogados. Después (3.) el texto se concentra en el impacto que esa regulación problemática tiene en la formación ética de los abogados. Acto seguido (4.) se sugieren caminos para solucionar (o reducir) el problema diagnosticado, tanto en sede represiva (jurisdicción ético-profesional), como preventiva (formación en ética profesional). Por último (5.) se concluye.
