N° 403, julio 2015
Puntos de Referencia
Economía
Energía
Políticas públicas

Expansión del Giro de ENAP: Respuesta que no contesta la pregunta

Andrés Hernando.

Baje documento aquíSe encuentra en discusión en el Congreso un proyecto de ley que busca expandir el giro de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con el objetivo de que ésta pueda ingresar a la industria de la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica.

Con esta modificación legal, el Ejecutivo buscaría viabilizar las inversiones en capacidad de generación de base (fundamentalmente termoeléctricas) y transmisión que están detenidas o retrasadas producto de la incertidumbre que los proyectos enfrentan, tanto por aspectos institucionales como por la creciente oposición de las comunidades que deben compartir el territorio con las inversiones de infraestructura localmente molestas necesarias para el desarrollo.

A pesar de la importancia de los aspectos que justificarían, a juicio del Poder Ejecutivo, esta modificación legal, la discusión en el Congreso se ha centrado en la estructura de propiedad que deberían tener las inversiones que se realicen en virtud de esta modificación. En particular, si ENAP debiera mantener o no el control de las sociedades que se creen al efecto.

En este documento se analiza el diagnóstico realizado por la autoridad para sustentar el cambio propuesto, así como las consecuencias que podría tener la incorporación de ENAP a la generación eléctrica. Se concluye que es poco probable que la expansión del giro de la empresa estatal de hidrocarburos solucione algunos de los problemas argüidos para justificarla y que, por el contrario, es posible que cree otros problemas por sí misma.

Por lo anterior, se proponen otras vías que permitan corregir los problemas de fondo que han detenido la inversión en las áreas discutidas. En particular, ordenar y mejorar los procesos de presentación y desarrollo de proyectos e implementar un sistema de ordenamiento territorial que permita incorporar las preocupaciones locales, al tiempo de proveer de mayor certeza a los dueños de proyectos de infraestructura, especialmente en su relación con la autoridad política.